COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El Superior Tribunal de Justicia anuló una sentencia que favorecía a los ex intendentes Martín Buzzi y Néstor Di Pierro, por lo que la corte chubutense ordenó reenviar las actuaciones para que ambos sean sometidos a un juicio oral y público. Es por una demanda iniciada años atrás por un particular que se sintió afectado por la no adjudicación de un terreno fiscal en barrio Industrial.

Sin embargo, el juicio todavía está en duda: la defensora oficial Lucía Pettinari anticipó que apelarán la decisión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La sentencia, firmada por los ministros Mario Vivas y Javier Panizzi, revoca la decisión que había tomado el año pasado el juez Miguel Caviglia, cuando resolvió que la causa había prescripto, es decir que se vencieron los plazos legales para la investigación.

El delito que se imputa a los ex intendentes es por desobediencia judicial, a raíz de un largo litigio iniciado hace casi dos décadas, por un particular –identificado como Idalio Dos Santos Pires- que ganó un juicio al municipio por la propiedad de un lote fiscal. Sin embargo, esa tierra no le fue entregada, de allí el origen de la denuncia penal por presunto “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “desobediencia judicial”.

Paralelamente, el Tribunal de Cuentas Municipal realizó un juicio patrimonial por el que ya condenó a los ex funcionarios a pagar, de su patrimonio personal, la suma de más de 3 millones de pesos al demandante.

Dicha decisión del Tribunal de Cuentas se encuentra apelada por la defensa de los ex  intendentes, sobre la base de que la acción penal había quedado prescripta. Esa demanda es por las multas aplicadas al municipio, por no cumplir con la sentencia, a razón de 500 pesos por día, con un plazo que sigue corriendo y que en el futuro podía incluir a más intendentes en el cargo.

“Queda un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación –aclaró la defensora pública Lucía Pettinari, quien representa a Marín Buzzi-. Entendemos que la decisión del Superior Tribunal no es correcta y atenta contra derechos constitucionales. La voluntad de mi asistido es interponer este recurso extraordinario, por lo cual se le dio intervención a la Defensoría Oficial de Rawson, que son los habilitados para seguir la vía ante la Corte”.

De este modo, el eventual juicio queda en suspenso hasta tanto se expida el máximo tribunal de la Nación, si bien el Superior Tribunal de Chubut todavía debe resolver si abre esa vía hacia el ámbito nacional.

“Esto viene de hace muchísimos años, que se debatirá si se hace el juicio: mi defendido no pagó las multas ni entregó el terreno porque no estaba perfeccionado el acto administrativo, porque la persona que aspiraba al terreno no había cumplido con determinadas ordenanzas y por eso se lo adjudicaron a otra persona”, explicó la defensora. “Tampoco viene de la época de mi asistido, al principio el querellante denunció a otros gobernantes, hoy ya fallecidos”.