Lo que debía ser el primer juicio para juzgar un homicidio con jurados populares en Comodoro Rivadavia quedó sin efecto el mes pasado, ante la imposibilidad para realizar el procedimiento previsto por la nueva ley que rige en la provincia.

La resolución fue adoptada por el juez Mariano Nicosia, en el marco del proceso que se sigue contra el imputado Paulo Alejandro Oyarzo, acusado de un homicidio que tuvo como víctima a Luis Alberto Ruiz, por un hecho ocurrido el 26 de abril del año 2022.

Ese día, poco después de las 4 de la tarde, según la acusación el imputado asestó una puñalada a su víctima, cuando se encontraba éste en la puerta de su domicilio, en avenida Rivadavia al 3.500.  Lo extraño es que pese a que los hechos están bastante claros y el acusado afronta una imputación por homicidio simple (lo que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión), el juicio debió suspenderse hasta nuevo aviso.

Paralelamente, Nicosia dispuso que cese la prisión preventiva que venía afrontando Oyarzo hasta el momento, medida que se prorrogó durante los casi 12 meses que se extendió la investigación, debido a que los fiscales argumentaron el riesgo de entorpecimiento o presión ante testigos del caso, como también el peligro de fuga, ya que afronta una perspectiva de pena que podría superar los 13 años de prisión. 

Nicosia determinó que mientras se completa el trámite para la designación de jurados, Oyarzo cumpla prisión domiciliaria en el domicilio de un familiar, del que no podrá retirarse, según la resolución judicial. 

Los motivos de la suspensión

Así lo resolvió el juez Nicosia el pasado 28 de marzo, cuando constató que al Tribunal Electoral no había enviado el correspondiente libro de jurados, según el procedimiento que establece la ley XV Nº30, por lo que debió paralizar todo el proceso, hasta que se cumplan las condiciones de la ley.

Según pudo saber ADNSUR en fuentes cercanas al sistema judicial, el problema fue que si bien se había iniciado el proceso de pre selección, el trámite no tuvo continuidad, ya que quedó frenado en la etapa de depuración del padrón, en la que se debe desafectar a quienes tienen inhibiciones para actuar. 

Otro inconveniente que se detectó es que la ley exige 4 jurados por cada 700 electores, lo que en el padrón electoral de Comodoro Rivadavia arrojaría una cantidad de alrededor de 600 jurados, de los cuales en cada juicio deben intervenir 14. 

El caso fue señalado por quienes se oponen al nuevo sistema y se preguntan sobre la necesidad de aplicar el sistema de jurados populares en Chubut, ante las dificultades en cuanto a costos que implica el procedimiento y porque además consideran que "el problema del sistema está en el ingreso, no en el final que es en la etapa de resolución de los casos, a través de juicios y sentencias". 

El costo del sistema

Hay que recordar que el Estado debe pagar hoy alrededor de 10.000 pesos por día a cada uno de los ciudadanos que son convocados al proceso, mientras que esa erogación se inicia desde la primera etapa, en la que deben presentarse no menos de 60 para atravesar la etapa de depuración y llegar luego a los 14 que deberán intervenir durante los días en que se desarrolla el juicio. 

"Hay un elemento económico a tener en cuenta -dijo un observador-, porque puede ser que en otras ciudades el pago resulte atractivo, pero en una ciudad como Comodoro pueden ser muchos más los rechazos, por la pérdida económica que les supone dejar sus actividades para asistir a un juicio, que las aceptaciones". 

"Se suma una superposición de costos, porque se recarga a los ciudadanos con una erogación adicional, cuando en el sistema judicial ya tiene al personal designado que sigue trabajando y no se reduce por la incorporación de los jurados populares", fue otro de los comentarios críticos que se escuchó en pasillos tribunalicios. 

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