La causa 7.313 que investigó el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, con resultados y conclusiones que ahora serán evaluados por la Cámara de Apelaciones que preside Javier Leal de Ibarra, tienen su origen en una investigación previa, que involucró a una red de narcotráfico.

Ese expediente judicial, que hizo eclosión en el año 2014 y ya derivó en condenas hacia los imputados, se conoció popularmente como “Apadrinados”, por el nombre que le dieron los  investigadores policiales cuando realizaban las escuchas telefónicas sobre los involucrados, quienes se jactaban de contar con “padrinos políticos”.

A partir de aquellas escuchas y sobre la línea de una posible derivación de manejo de dinero falso, se abrió lo que se conoció luego como “Apadrinados 2”, que puso en la línea de sospecha al ex intendente Néstor Di Pierro y empresarios de la zona.

Esa línea investigativa no pudo constatar lo relacionado al dato de los billetes falsos, pero en cambio se abrió la posibilidad de determinar si había delitos en una serie de maniobras vinculadas al manejo de dinero proveniente de hechos ilícitos.

Qué dijo la Corte de Justicia sobre los delitos investigados en Comodoro

En ese punto, el Juzgado Federal se declaró incompetente en cuanto a los posibles delitos que habían dado origen al dinero que intentaba ser blanqueado. La justicia provincial rechazó la competencia, por lo que debió intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Un dictamen de la Procuración General de la Nación dio la razón al criterio de la jueza comodorense, lo que a su vez fue tomado como fundamento por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, en su dictamen del 29 de septiembre de 2015, tal como reflejó ADNSUR oportunamente.

De ese modo, la Corte ordenó que la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia debía encargarse de investigar los delitos que dieron origen al dinero que luego sería fruto del lavado, que a su vez seguiría en manos de la justicia federal.

En cuanto a las maniobras de lavado, fueron descriptas inicialmente en el máximo tribunal de la Nación una serie de maniobras tendientes a provocar “evasión de tributos y blanqueo de capitales” llevadas adelante por un grupo de personas que “se dedicarían al cambio de cheques con descuento, actividad por la cual harían circular grandes cantidades de dinero por fuera del sistema bancario, sin respaldo contable y sin pagar los tributos correspondientes. Al mismo tiempo, parte de ese dinero sería ‘blanqueado’ a través de la emisión de facturas y otros documentos comerciales que no reflejarían la realidad económica”.  

Qué pasó con la investigación que debía determinar el origen de los fondos

Lo cierto es que desde fines de 2015, la causa recayó no tuvo mayores avances, por lo que se encuentra archivada desde hace algunos años. En su momento quien estaba a cargo de la investigación fue el entonces fiscal Adrián Cabral, quien se retiró del Ministerio Público.

Lo llamativo es que quienes tuvieron acceso a las escuchas telefónicas que formaban parte de la investigación inicial, detectaron posibles delitos vinculados al pedido de coimas y otras negociaciones incompatibles con la función pública, que según consta en el dictamen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, podían dar origen a la sospecha de otros hechos vinculados a maniobras de fraude contra la administración pública.

“Esa causa está archivada, pero podría reabrirse si alguien desde una esfera más alta lo ordena”, dijo una fuente cercana al Ministerio Público Fiscal que tuvo contacto lejano con las actuaciones. Es que, tanto en ámbitos de la justicia provincial como federal, se mostraron sorprendidos por el hecho de que el expediente no hubiera producido resultados, cuando la investigación del lavado de activos está en una etapa definitoria en la justicia federal: si se confirma que hubo lavado de dinero, es porque hubo un origen espurio de ese dinero, por delitos que la justicia provincial no se preocupó en investigar.  

Es llamativo también que, luego del protagonismo adquirido por el Ministerio Público Fiscal de Chubut en los últimos años, que creó una unidad especial anticorrupción y ha producido resonantes resultados con ex funcionarios provinciales, no activó los radares para, mínimamente, esclarecer públicamente los hechos ocurridos en Comodoro Rivadavia.

Sobre todo, por las prevenciones adoptadas cuando se trata de funcionarios públicos, en los que el procurador general Jorge Miquelarena ha dictaminado no aceptar soluciones alternativas, como las suspensiones de juicio a prueba, cuando se trata de este tipo de hechos que involucran a la gestión pública.

Alguien podría pensar que Di Pierro ya no es funcionario público, desde que se radicó en Buenos Aires y preside el club Chacarita Juniors. Sin embargo, no es así. Tal como publicó ADNSUR en su columna ‘El Poder Entre Bambalinas’, el 16 de mayo último, el ex intendente aparece como agente de la Secretaría General de Gobierno, con un ingreso 284.000 pesos mensuales, según divulgó en Twitter la usuaria Elena Rubilar.   

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