RAWSON (ADNSUR) - A Parra lo acusaban de engañar a los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams, para presuntamente esconder a Diego Correa como verdadero dueño de una camioneta. Ocurrió en febrero de 2018 en “JR Automotores”. Según la fiscal y el funcionario de Fiscalía Rubén Kohler, Parra tuvo “claras intenciones de favorecer la situación procesal de Correa”, quien ya era investigado por El Embrujo. “Consultado por una camioneta Hyundai modelo H1 estacionada en el playón del local, dijo que pertenecía a una mujer de nombre Giuliana, titular de la empresa Sepat, a sabiendas que el verdadero dueño era Correa”. Luego Parra habló por teléfono con Correa “dejando en claro durante la conversación que la camioneta era de él”. La camioneta no pudo ser secuestrada ese día.
El juez Monti admitió los argumentos de la defensora pública Angélica Gómez Lozano. “De modo alguno puede interpretarse que existió un engaño del acusado a los fiscales. Su respuesta está avalada por la documentación del Registro Nacional de Propiedad Automotor e incluso el imputado aportó información a los fiscales de que Giuliana Mc Leod era socia de Sepat. No se advierte cuál fue la información falsa aportada por Parra. El titular registral del vehículo en cuestión no era Correa, quien sólo contaba con una tarjeta azul”.
Según el parte de prensa de Fiscalía, “no se le puede reprochar haber ocultado información sobre la cual no fue preguntado. Por más que en la comunicación telefónica Parra se haya referido a esa camioneta como “tuya” (en alusión a Correa), la documentación del rodado indicaba otro titular. El origen de los fondos con los cuales fue adquirido el automotor no fue un tema debatido en la presente causa”.
El día que los fiscales hablan con Parra, “éste no contaba con ningún dato objetivo que le permitiera sospechar que Correa estaba involucrado en la comisión de deltos”.
En la audiencia preliminar Kohler refirió que Correa era cliente de JR, ya le había comprado vehículos y que Parra sabía que Correa no podía poner la camioneta a su nombre porque no podía justificar los fondos. “Pero no puede extraerse sin más que tuviera conocimiento sobre que esos fondos fueran producto de un ilícito. El acusado explicó que existen numerosos controles por parte del Estado, trámites administrativos y declaraciones juradas que deben cumplirse antes de la inscripción de un vehículo en el Registro respectivo”.