CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - La interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori, dijo que hará una denuncia por los daños ocasionados al móvil que trasladaba al empresario santacruceño Lázaro Báez, que finalmente accedió a la prisión domiciliaria este lunes y que iba a cumplir con el arresto en una vivienda de un country de Pilar, lo que fue impedido por habitantes del barrio privado. Dijo además que esos vecinos “impidieron que se cumpla la ley” por la orden dispuesta por la Cámara Federal de Casación.

Garrigós de Rébori adelantó que se hará "la denuncia correspondiente porque, además, tenemos que cobrar el seguro ya que tenemos muy pocos móviles, de traslado".

"Los vecinos del country ayer impidieron que se cumpla con la ley -remarcó-. Había una orden de un tribunal y la violaron", expresó tras los incidentes registrados en horas de la noche en un barrio privado de Pilar, que generaron además la rotura de uno de los móviles, donde se encontraba el empresario Báez.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 dispuso este lunes el arresto domiciliario de Lázaro Báez, imputado por supuesto lavado de dinero, entre otros delitos, pero el empresario no pudo ingresar a su casa de un country del Gran Buenos Aires porque lo impidieron vecinos de ese barrio, que incluso dañaron un vehículo del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Garrigós de Rébori manifestó también que "a uno puede no gustarle Báez pero si tiene esa casa, y el Tribunal aceptó el arresto allí, hay que cumplirlo. Eso no se pudo, y es lo grave".

Según publicó Clarin este martes, la funcionaria dijo que desde el organismo que conduce se respetó la orden de la justicia "en el momento y la forma" indicada y que "el hecho de que "haya ciudadanos que decidan que un Tribunal no puede disponer el lugar de alojamiento de las personas que tiene a su disposición, es un problema" que "excede el marco del SPF".

Báez es "una persona que está privada de su libertad en una unidad de detención a cargo del SPF, por orden de un juez y un tribunal, el tribunal decide que siga cumpliendo su detención en otro lugar, el SPF recibe la orden de trasladarlo y procede al traslado", añadió. 

De Rébori aclaró asimismo que "no se puede avisar los traslados porque la ley de Ejecución Penitenciaria lo prohíbe" en lo que constituye "una previsión para evitar por ejemplo que asalten los móviles como pasó ayer" y añadió: "La ley específicamente dice que los traslados no se pueden publicitar".

Afirmó que en este tipo de procedimientos "salen los móviles después de los tramites de rigor en la unidad y previo a eso la gente de vigilancia electrónica revisa las características del inmueble, ya que hay que verificar el rango de control del aparato que se le coloca al detenido".

"El inmueble era apto y se inició el traslado. Cuando el móvil llegó entró por la puerta que debía pasar y no lo dejaron pasar, entonces fue por la otra puerta y tampoco lo dejaron pasar -detalló-. En el trayecto se pusieron en comunicación con el tribunal quien tomó noticia y dispuso la audiencia hoy nueva". Mencionó que los traslados se hacen "dentro de las 24 horas de recibida la orden del tribunal. Ayer hasta las 16.30 todavía no estaba terminado el trámite, y a partir de ahí se empieza a cumplir".

En una audiencia virtual entre la defensa y el TOF 4 realizada este martes, se dispuso que se realizará el traslado del detenido una vez que se comprueben las condiciones en que quedará alojado con prisión domiciliaria en el nuevo lugar que aportarán sus abogados. Hasta ese momento, Báez seguirá en la cárcel de Ezeiza.