RAWSON (ADNSUR) - El fiscal de Estado, Andrés Giacomone, adelantó en diálogo con ADNSUR que este martes realizarán una apelación ante el fallo que ordenaba pagar los sueldos adeudados a la asesora de Familia en el Ministerio de la Defensa Pública de Trelew, Julia Laborda. En el documento se ordenaba a la Provincia del Chubut a que, en el término de 48 horas de haberse notificado el fallo, debía abonar a la funcionaria judicial “la totalidad de las remuneraciones netas, devengadas y adeudadas a la fecha y, en tiempo y forma, las que en el futuro se devenguen hasta que recaiga sentencia definitiva”.

Sin embargo, este martes se apelará la medida: "El viernes nos notificaron de esta medida cautelar y ya le dimos intervención al Superior Tribunal de Justicia de quien depende la amparista para que procedan a hacer efectiva la cautelar. Después, se tendrán que poner en contacto con el ministerio de Economía para que gire la partida específica para poder dar cumplimiento a esta medida cautelar", explicó Giacomone.

Asimismo, dijo que "no se discute si se deben o no salarios, sino el momento en el que tiene que cobrar el amparista. Nosotros vamos a estar planteando la apelación tanto a la medida cautelar como a la admisión de la medida preliminar cautelar del amparo".

En este sentido, el fiscal de Estado explicó que "esta medida hace que un funcionario o empleado público cobre con anterioridad a todo el resto de los empleados  y se vulnera el derecho de igualdad de todos los empleados públicos. Con esta medida cautelar, se logra que un funcionario cobre todos los salarios que se les deben y el aguinaldo o sea cobrará junio, julio, agosto, el aguinaldo y también cuando se liquide el sueldo de septiembre antes que los otros empleados que tienen pendiente su cobro de julio. Esto vulnera –totalmente- el derecho a la igualdad de los propios empleados públicos. Incluso, dentro de los compañeros de ella en la Justicia".

Giacomone dijo que "una resolución de estas características desconoce –totalmente- la realidad de la provincia de Chubut. Esto se debe a que el conjuez reside en Mar del Plata, fuera de la provincia. Además, se vulnera las normas de la residencia de los funcionarios (que tienen que estar a no más de 70 kms. de la resolución), no tiene firma digital y demás. Hay muchas irregularidades. Nosotros vamos a presentar estas dos apelaciones y plantear la nulidad de las actuaciones del conjuez que intervino porque los jueces de primera instancia se han sucedido en excusaciones que determinaron que intervengan una lista de conjueces que también se excusaron y un conjuez (que no reside en la provincia) termina aceptando la causa y es la única manera de entender cómo se puede dictar una medida cautelar de estas características. Todo está planteado como si la situación económica fuese normal cuando –claramente- estamos atravesando una emergencia económica y financiera de un tiempo a esta parte".

En el fondo de la cuestión, no se está planteando si se deben o no salarios, sino que se discute sobre el momento en que tiene que cobrarlo. "Es un amparo individual y se discute que este amparista cobre antes que el resto de la administración pública. Por otro lado, la nulidad está planteada en que el que interviene como conjuez no lo puede hacer por múltiples razones ya que no reside en la provincia, está a más de 70 kms. de la jurisdicción donde dicta sus resoluciones y –fundamentalmente- porque tampoco tiene firma digital como la que tienen los jueces. Esa sentencia es nula, así lo estamos planteando y se lo hacemos conocer a la Cámara", reiteró.

El fiscal aclaró que "no se perjudica al Poder Judicial respecto al cobro de los salarios sino que se está posponiendo el pago de todos los empleados públicos y no está destinado sólo a un sector de la Justicia".

Por último, manifestó que "hoy mismo vamos a presentar esta apelación que se tiene que hacer en el ámbito de la propia causa. El conjuez tendrá que arbitrar los medios para la resolución tanto de las apelaciones como la nulidad y –en el caso que sea rechazado- se acudirá a la Cámara de Apelaciones. Más allá de esto, vamos a poner en conocimiento a la Cámara de Apelaciones que un conjuez que radique a más de 70 kms. y que emite sentencias sin ningún tipo de competencia para hacerlo".