La denuncia fue presentada ante la Unidad Especializada en Delitos contra la Administración Pública por el Sargento Primero Luis Suárez, representante del Consejo de Bienestar Policial en Chubut. Según la misma, el exministro de seguridad de Chubut, Federico Massoni, está vinculada a maniobras administrativas destinadas a "privatizar" las plantas de verificación técnica vehicular correspondientes a la Policía de la Provincia del Chubut.

La denuncia penal por el Fiscal Omar Rodríguez es por "la comisión del delito de ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA AGRAVADA EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (cfr. arts.  173, inc. 7, y 174, inc. 5, del Código Penal) y la Lic. Gabriela SÁNCHEZ GALINDO en carácter de participe primario de ese mismo delito".

La maniobra a la que refiere la denuncia se concretó el "7 de agosto de 2019 con la firma del “Contrato de Administración de Plantas Verificadoras” celebrado entre el MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE GABINETE (la Provincia del Chubut), representada por el propio MASSONI en su calidad de Ministro, y la CÁMARA DE GRABADORES DE AUTOPARTES DE VEHÍCULOS Y MOTO VEHÍCULOS", refiere el Sargento Suarez en su presentación.

Con ese contrato se dispuso "que la CÁMARA tomara a su cargo el manejo integro de la administración, contratación de personal administrativo residente en la Provincia del Chubut, informatización del sistema de turnos, provisión y llenado de formularios 12 necesarios para la verificación policial, que se realicen en las plantas de verificación de automotores de la Policía de la provincia del Chubut, con excepción de la actividad que desarrollan los peritos verificadores".

Y asegura que "mediante la firma de ese “contrato”, Massoni concretó un negocio sobre los bienes e intereses que debía administrar y custodiar, incumpliendo los deberes que esa posición le imponía y vulnerando la normativa aplicable, para generar un colosal negocio a un tercero."

Además, agrega que para lograr tal rúbrica, Massoni "forzó y violentó todos los procedimientos administrativos aplicables, tanto los de orden legal como incluso normas procedimentales con base con base constitucional".

En la denuncia se menciona que el exministro "intervino en los expedientes y desvió la voluntad de la Administración, con el claro objetivo real de beneficiar a un tercero, a quien le generó cuantiosas ganancias. En paralelo perjudicó los intereses que debía resguardar, afectando económicamente a la Provincia del Chubut y todos aquellos quienes deben realizar el trámite de verificación, ya que imperativamente deben abonar una tasa elevadísima que no posee sustento normativo".

En otro tramo de la presentación del Sgto. Suárez, y luego de enumerar los hechos y la reacción de los legisladores provinciales, indica que fue Massoni "quien impulsó el expediente y buscó arbitrar todas las maniobras a su alcance, incluso vulnerando normas elementales de procedimiento de rango constitucional, conforme se desprende de la simple lectura de las notas, dictámenes e intercambios obrantes en el Expediente 1084/18-GB, en donde tramitó este asunto"

Asegura que el exministro de Seguridad "siempre estuvo detrás del negocio de la concesión de las plantas de verificación vehicular, como una cuestión de interés personal", añade el suboficial policial en su denuncia, en la que estima que hasta el momento se recaudaron más de 650 millones de pesos tras ese contrato.

Con información de Canal 12

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