COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La denuncia formulada por la División Coordinación de Acciones Penales del Interior de la AFIP, que involucra al ex intendente Néstor Di Pierro como presunto jefe de una asociación ilícita integrada por otros funcionarios de su gobierno y empresarios locales, forma parte de una investigación que se remonta al año 2016. Tal como informó más temprano ADNSUR, el intendente de Comodoro, Carlos Linares, dijo al respecto que "es la justicia la que debe investigar y tiene las manos libres".
Aquí, tres claves para entender la operatoria y el tipo de maniobras delictivas que se denuncian, que forman parte de una causa que se investiga en la justicia federal de esta ciudad.
1- La investigación se enmarca en la causa número 7313, que investiga maniobras de presunto lavado de activos y acciones incompatibles con la función pública, por hechos ocurridos entre los años 2010 y 2017.
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Todo se inicia como derivación de una causa por narcotráfico, conocida como “Apadrinados”, lo que generó el inicio de actuaciones en 2015, cuando en enero de ese año se allanaron oficinas de la Municipalidad y el Concejo Deliberante.
Sin embargo, las maniobras continuaron produciéndose aun después del inicio de esa investigación, llegando incluso a involucrar presuntas maniobras fraudulentas durante la catástrofe climática de hace dos años.
Para la AFIP, existen claros elementos que configuran los delitos de “lavado de activos de origen delictivo”, “asociación ilícita para delinquir”, “evasión impositiva”, “defraudación a la Administración Pública”, “falsedad documental”, evasión tributaria”, sin descartar otras posibles figuras delictivas.
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2- Según el detalle de información que sustenta el informe presentado por la AFIP, el grupo de empresas investigado concretó operaciones con la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, en el período mencionado, por alrededor de 463 millones de pesos.
La maniobra en relación a este conjunto de empresas consiste en que justifican los gastos facturados a la Municipalidad (o prestación de servicios, según los casos) a través de prestadores truchos, ya que están catalogados por AFIP como “provedores apócrifos”, es decir usinas generadoras de facturas falsas.
Asimismo, se verifica que en otros casos no cuentan con medios económicos o materiales para la prestación de servicios, o desconocen haber realizado operaciones pera tales empresas.
“Estas maniobras concluyen con las incorporaciones patrimoniales que hacen para sí o a nombre de terceros los reales beneficiarios de estos ilícitos, siempre en desmedro del Estado –señala la denuncia de la AFIP, elevada a la jueza Parcio-, que solventa con la renta de la sociedad, el ánimo de lucro de estos pseudo empresarios y funcionarios”.
En algunas de las empresas involucradas hay una participación directa, de familiares del exintendente Néstor Di Pierro. En la denuncia se señala además la compra de propiedades en la isla de Tigre.
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3- Para explicar la maniobra de defraudación en perjuicio del Estado municipal, la denuncia señala que “mediante la utilización de diferentes empresas pertenecientes a los mismos grupos empresarios que se encontraban asociados a funcionarios, o que luego compartían sus ganancias, se lograba la percepción ilegítima de fondos por parte de estos, en detrimento de las arcas estatales, que conforme el tipo de obra o servicio que facturara, correspondía a fondos que eran girados por Nación para atender a problemáticas acuciantes para la sociedad, tal como fuera el desastre climático que sufrió la ciudad de Comodoro Rivadavia y que originó la remisión de partidas especiales para paliar los déficit que presentaba y había causado esta emergencia”.
“A través de estas contrataciones, las que presentaban irregularidades en cuanto a la capacidad de las empresas para su prestación, la forma de su contratación y los evidentes vínculos existentes en funcionarios y empresarios, se logró el perjuicio patrimonial al erario público”.
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En relación a este último punto, puede haber derivaciones en la justicia provincial. Es que la fiscal Camila Banfi mantiene una investigación preliminar, en la que apunta a determinar que Abel Boyero, exsecretario de Obras Públicas, habría mantenido vínculos societarios con la firma Golfo San Jorge, una de las que más dinero facturó en el período mencionado, por 230 millones de pesos.