El crimen de Julián Dobra: el oscuro mensaje que llevó a allanar la celda de un narco en la cárcel
Un mensaje enviado desde el penal de Roca, permitió allanar la celda de un narco condenado. La fiscalía secuestró celulares y avanza sobre una posible red de encubrimiento vinculada al entorno de la víctima.
En medio del clima de miedo y silencio que rodea el asesinato de Julián Dobra, una información clave proveniente de la Unidad Penal N°5 de General Roca permitió a la fiscalía avanzar de forma significativa en la investigación.
El objetivo fue una celda en particular: la de Cristian Ríos, un recluso con antecedentes por narcotráfico, cuya familia ya estaba siendo investigada por la Justicia. Según una fuente confidencial, Ríos habría recibido un mensaje perturbador de su hermano menor, Leandro Navarro, uno de los detenidos por el homicidio de Dobra. En ese mensaje, se incluía una fotografía del cuerpo sin vida de la víctima, dentro del auto Suzuki Fun rojo que le pertenecía.
El dato fue aportado por una persona que, al parecer, se enteró del contenido del mensaje durante una visita a otro interno que comparte pabellón con Ríos.

Notó que el preso estaba alterado y más tarde este le habría contado que había recibido una imagen comprometedora. Ante esta información, la fiscalía no dudó en solicitar un allanamiento urgente en la cárcel.
Según la información publicada por Mejor Informado, durante el operativo, se incautaron dos teléfonos celulares en la celda de Ríos, a pesar de la prohibición explícita de tener dispositivos electrónicos en prisión. Aunque se sospecha que Ríos continúa vinculado al tráfico de drogas desde el penal, los investigadores se enfocan ahora en la conexión entre los mensajes de su hermano y un posible intento de encubrimiento del crimen.
Cristian Ríos no es ajeno al sistema judicial: fue condenado recientemente por narcotráfico junto a su madre, Paola Lorena Ríos, quien actualmente cumple arresto domiciliario por razones humanitarias, ya que está a cargo del cuidado de hijos menores. Ambos formaban parte de una red de venta de drogas con base en J.J. Gómez y el barrio Nuevo. En marzo, la policía secuestró en su vivienda armas, dinero en efectivo, celulares, drogas y balanzas de precisión.

Buscando evitar una nueva imputación que pusiera en riesgo su prisión domiciliaria, la madre de Cristian decidió colaborar con los investigadores. Aunque no estaba obligada a declarar contra sus hijos, relató que durante los días en los que Julián Dobra estuvo desaparecido, uno de los menores implicados pasó por su casa en el mismo Suzuki Fun para buscar a Leandro Navarro. Al preguntarle por el auto, Navarro respondió de forma evasiva: “Lo compré”.
Los registros del 911 y varios testimonios indican que el vehículo fue visto circulando por diferentes zonas de Roca después de la desaparición de Dobra. Finalmente, el coche apareció incendiado cuatro días después del hallazgo del cuerpo, en un camino rural de Parque Industrial II.
La autopsia determinó que Dobra fue asesinado con dos disparos de un arma calibre .22: uno le perforó el cráneo y otro quedó alojado en su piel. Peritos explicaron que esta clase de armas, disparadas a muy corta distancia, pueden no tener la fuerza suficiente para atravesar completamente el cráneo, lo que revela lo violento y cercano del ataque.
Además, el cuerpo presentaba un hematoma considerable en la parte baja de la espalda, compatible con haber estado encerrado, aún con vida, en un espacio muy reducido.
Con los nuevos testimonios y el análisis pendiente de los celulares, la fiscalía espera romper la cadena de encubrimientos que ha entorpecido la causa.
Por el crimen de Julián Dobra fueron acusados tres adultos, todos cercanos a la víctima: Leandro Navarro, su amigo Walter Méndez —con quien compartía el consumo de cocaína— y Julio César Salgado, con quien Dobra mantenía conflictos por haber tenido una relación con su ex pareja. Incluso, Julián había sido denunciado por disparar una pistola de airsoft frente a la casa de Salgado. También están imputados dos menores de 16 y 17 años, que, por su edad, cumplen prisión preventiva en sus hogares bajo control con tobilleras electrónicas.
