EL BOLSÓN - El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, destacó la medida de la Cámara, que revocó un fallo del juez subrogante de Bariloche Gustavo Zapata, quien en primera instancia había rechazado el desalojo.

"Celebro la decisión de los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones que revocaron el fallo del magistrado interino Gustavo Zapata, y dispusieron el desalojo de las tierras del Mirador del Azul-Cabeza del Indio", dijo el intendente en un comunicado.

Añadió que "desde el comienzo manifestamos que estábamos ante un delito. Finalmente la Justicia terminó dándonos la razón".

"Más allá de la demanda habitacional existente a nivel Nacional y de la cual El Bolsón no es ajena, la usurpación de tierras no puede transformarse en el método de resolución de esta problemática", sostuvo el jefe comunal en un comunicado.

Pogliano dijo que "el juez subrogante Zapata intentó imponernos soluciones que no estamos en condiciones de poder dar una respuesta inmediata. Y además quedó en manifiesto su desconocimiento ante el impacto ambiental que genera la toma en este sector, el cual es fundamental para el desarrollo económico y turístico de El Bolsón, que permiten dar soluciones a las problemáticas existentes".

Según la información oficial, más de 130 familias se instalaron en septiembre en el predio del organismo en El Bolsón.

Zapata había rechazado el desalojo del predio y dispuso un relevamiento de los ocupantes, resaltando que los gobiernos comunal y provincial debían brindar soluciones habitacionales en 15 días.

El desalojo fue ordenado por los camaristas Mariano Lozano y Richar Fernando Gallego. La medida había sido solicitada inicialmente por la fiscal de Bariloche Sylvia Little, a partir de una denuncia del organismo nacional, pero Zapata no compartió ese criterio, y ahora la Cámara dispuso la desocupación del predio.

En su presentación, Little indicó que "no existen dudas" de que la ocupación es "un delito" en los términos que indica el Código Penal porque las personas "ingresaron clandestinamente a los predios de propiedad del INTA y se instalaron allí".

Al mismo tiempo, la fiscal subrayó que "negar una asistencia habitacional adecuada a las personas que componen el grupo de 133 familias que ilegítimamente se asentaran en dicha reserva no es sino omitir dar una solución real e integral al problema".