Este lunes, el procurador general adjunto, Emilio Porras Hernández, confirmó que la comisión especial conformada para investigar los hechos ocurridos el 16 de diciembre del año 2021, por los destrozos en la Casa de Gobierno y otros edificios públicos -tras el reclamo contra la ley minera- concluyó con la identificación de 23 personas que podrían ser imputados formalmente por varios tipos de delitos.

Además, en forma paralela se deberán establecer las responsabilidades penales de funcionarios públicos que tenían a su cargo la función de prevenir los hechos de violencia.

La comisión investigadora concluyó la labor previa y las conclusiones fueron puestas a disposición de la Fiscalía de Rawson, que deberá continuar con el proceso para formalizar la acusación, según precisó Porras Hernández, en diálogo con Actualidad 2.0.

“La investigación se centró en dos aspectos. Por un lado la acción de los particulares, con hechos muy llamativos porque ese día en un radio de 5 ó 6 cuadras, se afectaron edificios públicos como la Casa de Gobierno, la Legislatura, el Superior Tribunal y la Procuración General, entre otros que sufrieron graves destrozos –recordó-. Por otro lado, se apuntó a determinar las responsabilidades de funcionarios públicos”.

Como resultado, detalló que se logró identificar a 23 personas que se apartaron “de la protesta legítima” para incurrir en actos vandálicos y constitutivos de distintos delitos, a partir del uso de imágenes captadas por videos, testimonios, allanamientos y otras pruebas.

Destrozos en Casa de Gobierno, 16 de Diciembre del 2021.
Destrozos en Casa de Gobierno, 16 de Diciembre del 2021.

“El derecho a manifestarse y protestar es legítimo, pero en este caso se apartaron de esa legitimidad y llevaron a cabo algunos actos que encuadran en figuras penales como daños, incendios, robos, hurtos, etc, de bienes del Estado –detalló-. Esas personas fueron individualizadas con mucha claridad”.

Las imputaciones que podrían caber a funcionarios públicos

“En relación a los funcionarios, la comisión tuvo el cometido de relevar toda la documentación surgida de las organizaciones públicas, donde deben quedar documentadas las acciones o planificaciones previas”, indicó el procurador adjunto, en referencia al plan de prevención que debió establecerse ese día.

“Esos planes se reflejan en las órdenes operativas de la policía, teniendo en cuenta lo que se puede prever que va a pasar –mencionó como ejemplo-. También buscamos constatar los recursos humanos y materiales que se desplegaron para tratar de contener la situación y el resultado entre lo planificado y lo que finalmente ocurrió”.

En el caso de los funcionarios públicos, añadió, “se busca verificar si cumplieron con la exigencia de lo que debían hacer”. Si bien explicó que no podía anticipar otras conclusiones, porque de aquí en más el caso debe ser encuadrado por la fiscalía a cargo del fiscal jefe de Rawson, Fernando Rivarola, dejó entrever que la investigación apuntará a verificar si hubo incumplimiento de deberes de funcionario público por parte de quienes tenían a su cargo el operativo de prevención.

“La imputación podría hacerse aún cuando los funcionarios ya no estén en el cargo”, puntualizó, ya que la responsabilidad penal subsiste mientras no prescriba el delito. En igual sentido, no descartó que la investigación podría involucrar a funcionarios que aún estén en funciones, en casos cuya función los haga pasibles de juicio político.

“Hay que ver hasta dónde llega la cadena de responsabilidades –precisó-. Acá había un ministro de Seguridad y un jefe de Policía, que eran los responsables políticos y operativos”. Vale recordar que en esos días, la función era cumplida por Leonardo Das Neves y Víctor Acosta, respectivamente.

Ante la consulta de si la hipótesis es que hubo una “zona liberada”, el procurador adjunto dijo que “eso es una expresión de la calle, pero en realidad si hay elementos para presumir que va a ocurrir un determinado hecho y no realizo las previsiones del caso, estoy incumpliendo mi deber”.

También aclaró que los funcionarios no pueden alegar desconocimiento de lo que debían hacer, por lo que su responsabilidad no se puede atenuar en base a causas de negligencia o inexperiencia en la función.  

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