El fiscal Guillermo Marijuan presentó este jueves una denuncia penal contra los responsables del Polo Obrero y la Organización Clasista Revolucionaria (OCR). En principio, el delito que se les imputa es el de coacción, que tiene una pena de prisión o reclusión de dos a cuatro años al que “hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer, tolerar algo contra su voluntad”.

La denuncia fue presentada ante la Cámara Federal porque si bien es un delito ordinario, los hechos “fueron cometidos en el marco de actuación y desenvolvimiento de los planes sociales implementados por el Estado Nacional en momentos de plena crisis vivida por el país”.

Entre las primeras medidas, Marijuan solicitó que se identifique “a aquellas personas que se observan en las imágenes periodísticas tomando asistencia a los concurrentes a la marcha social sindicada”, es decir, la que se realizó este miércoles en todo el país con foco importante en la Ciudad de Buenos Aires y el centro porteño.

El fiscal pidió al Ministerio de Desarrollo Social a fin de que proceda a dejar sin efecto cualquier asistencia financiera y/o de cualquier tipo a las organizaciones denunciadas, aunque "sin perjuicio de ello, y con el objeto de no dejar sin planes sociales y/o asistencia a las personas que integran dichos movimientos toda vez que no tienen que cargar con las responsabilidades de sus dirigentes, requiero que ese Ministerio continúe con la ayuda a cada una de ellas pero debiendo hacerlo personalmente, sin intermediación de organizaciones o de terceros".

Denuncian a dirigentes piqueteros por extorsionar a manifestantes para ir a marchas

Asimismo, Marijuan remarcó que informes periodísticos dan cuenta que muchos de los manifestantes reconocieron recibir un beneficio de hasta 12 mil pesos mensuales, pero a cambio estaban obligados a ir a las marchas.

"Entre varios testimonios recogidos por los periodistas que se encontraban en el lugar, cabe señalar ciertos dichos de manifestantes a los que se logró entrevistar. Así, estas personas relataron que percibían $12.000 mensuales y que si faltaban a las marchas o no se quedaban hasta el final de las mismas, se los quitaban, dando de baja las tarjetas a través de las cuales los percibían", denunció Marijuan, cuya causa ahora será sorteada por la Cámara Federal.

También que de las imágenes "se dejó asentada la existencia de personas pertenecientes a las asociaciones convocantes que hacían firmar cuadernos o libretas a los asistentes a efectos de confirmar su presencia".

El fiscal pidió tomarle declaraciones testimoniales a algunos manifestantes que previamente sean identificados por la Policía Federal.