COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El escándalo se aceleró porque el ex diputado presentó un pedido de presupuesto por 38 millones de pesos para el año 2021, de los cuales la mayor parte se destina a sueldos, a distribuir entre 5 cargos.

“La designación en el cargo no puede ser cuestionada porque hubo una modificación a la ley y quedó casi a medida de él y otras personas”, reconoció el fiscal Héctor Iturrioz, ante la consulta de ADNSUR. Sin embargo, hay otros dos aspectos que son materia de investigación.

Uno de los cuestionamientos es por haber cobrado la dieta correspondiente al cargo, durante todo este año, sin haber prestado funciones especificas, como reconoció el propio González, quien se amparó en la “falta de oficina y de colaboradores” para cumplir tareas vinculadas a su rol. 

Esto se podría encuadrar como una defraudación a la administración pública, pero lo cierto es que no existe la figura del ‘ñoqui’ dentro del Código Penal”, evaluaron en la fiscalía, que esta mañana tuvieron contacto desde Legislatura para aportar la documentación que había quedado pendiente de entregar al momento de iniciarse la causa.

“Al parecer, en Legislatura se apuraron ahora porque resurgió la polémica por el presupuesto que pidió González para el año próximo, por 38 millones de pesos, de los que 36 son para sueldos, que serían para 5 cargos”, precisó el fiscal.

El segundo cuestionamiento se vincula a la incompatibilidad que prevé el cargo de Defensor de Adultos Mayores con otro tipo de funciones, lo que colisionaría con el rol de González al frente del SOEM. “En ese punto, choca con la ley de Etica Pública y también con la misma ley de creación de la figura del defensor, que plantea la incompatibilidad con cualquier otro tipo de función”.