COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La abogada defensora Lucía Pettinari reclamó que en 10 días se designe a un médico para la Alcaidía local y emplazó a Provincia para que en 48 horas presente un plan de contingencia tras presentar un habeas corpus correctivo por entender que hay un “agravamiento de las condiciones de detención de todos los privados de la libertad en Comodoro y Rada Tilly por entender que se viola el derecho humano básico a la salud en nuestra ciudad toda vez que los presos no cuentan con un médico en la alcaidía policial ni otra dependencia a los fines de poder salvaguardar su salud”. Agregó que hay "9 internos que necesitan atención psicológica urgente".

Pettinari explicó que “desde el 2014 este Ministerio empezó a interponer acciones de habeas corpus para poder zanjar la cuestión del tema de salud y los médicos clínicos como psicólogos y psiquiatras para la atención de los privados de la libertad”.

Agregó que “desde octubre de 2014 desde que dos profesionales renunciaron la alcaidía policial no cuenta con ninguna persona que atienda la salud de los alojados allí”.

Además, mencionó que “hay 9 internos que necesitan atención psicológica urgente. Requieren sí o sí un tratamiento de parte del Estado provincial y tampoco tuvimos respuesta a esta solicitud jurisdiccional y desde el Hospital Regional manifestaron que no tienen dispositivos para poder tratarlos y darles un plan psicológico adecuado a las afecciones que padecen”.

Pettinari dijo que “tenemos muchos presos con tratamientos prolongados; otros tienen medicación de larga data que viene prescripta y cuando se termina es imposible que se la vuelvan a otorgar porque no hay ningún médico que la pueda prescribir. Tenemos casos graves”, advirtió.

Pidió que “en el plazo de 10 días esté designado el facultativo” emplazando para ello a Provincia a presentar un plan de contingencia dentro de las próximas 48 horas. “Hay desigualdad con otros centros de detención como el Instituto Penitenciario que tiene 30 presos y una ambulancia y Comodoro, que es el lugar que más personas privadas de la libertad tiene (son alrededor de 156) no cuenta con un facultativo para poder salvaguardar estas cuestiones”, cuestionó la defensora pública.