Cretton y Cabral actuaron dentro de la ley, pero evitar el juicio por la "Emergencia Climática" hubiera sido difícil de explicar desde el sentido común
A una orilla y otra de la discusión, las interpretaciones políticas son inevitables; pero el puente de la solución jurídica, es decir, un juicio de cara a toda la sociedad, parece haber sido la mejor opción.
El Consejo de la magistratura de Chubut resolvió por amplia mayoría rechazar la acusación contra los fiscales Marcelo Cretton y Adrián Cabral, lo que dio por tierra con las interpretaciones políticas de que hubo un interés de estos magistrados para favorecer a los exfuncionarios involucrados, integrantes del gobierno que estuvo encabezado por Carlos Linares y Juan Pablo Luque. Sin embargo, de haber seguido su criterio el caso hubiera quedado envuelto en sospechas.
La denuncia había sido promovida por el exfiscal Héctor iturrioz, actual ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, en virtud de que había sido él quien hizo la investigación en la fase preliminar de la causa conocida como emergencia climática Comodoro Rivadavia.
La denuncia se fundamentó en que los fiscales, al momento de iniciarse el juicio a principios de abril del año pasado, habían desistido de acusar a los exfuncionarios públicos municipales involucrados en la causa. Entendían que no había mérito para acusar, por falta de pruebas suficientes, proponiendo una suspensión de juicio a prueba para los demás imputados, que eran los empresarios contratados para retirar el barro luego de la tormenta de 2017.
Sin embargo, esa decisión fue revisada por una instancia superior, que dictaminó que el planteo era extemporáneo y por lo que ordenó seguir adelante con el juicio. El resultado fue la condena, tanto de exfuncionarios como empresarios, lo que fue confirmado en segunda instancia y todavía tiene pendiente una revisión final en el Superior Tribunal de Justicia.
La acusación de Iturrioz y las sospechas de una causa con interés político de fondo
Iturrioz había acusado a sus colegas de “incumplir con los más elementales deberes que les impone la legislación vigente”, según la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, que establece “el deber de orar con apego a los principios de legalidad objetividad y unidad de actuación”.
Esas apreciaciones no estuvieron exentas las interpretaciones de un interés político por parte del funcionario provincial, integrante de un gobierno fuertemente enfrentado con el signo político de los funcionarios involucrados, ya que en definitiva la causa podía resultar “un tiro por elevación” para el ex rival del gobernador Ignacio Torres en las elecciones de 2023, Juan Pablo Luque.
Fue el propio fiscal Cretton quien refutó aquellas acusaciones, al hacer uso de la palabra ante el pleno del Consejo de la Magistratura y expresar su postura de que la unidad de acción no implica subordinarse a órdenes ni instrucciones particulares, sino que los fiscales tienen independencia de criterio. Esto lo expresó para aclarar que, por ejemplo, el procurador general no podría ordenarles a ellos qué criterio seguir en un caso determinado.
“Que nosotros hayamos retirado la acusación a una parte de los acusados y luego hayan sido condenados no significa que hubo prevaricato (interés manifiesto para favorecer a una parte del proceso), sino que fue un criterio jurídico -expuso Crettón-. Es lo mismo que un juicio en el que un juez absuelve a un imputado y luego la cámara revisora lo condena. ¿Se tiene que denunciar y destituir al juez por ese motivo, o hubo un criterio diferente, basado en otra valoración de las pruebas?”.
Sólo dos consejeras propusieron el juicio político
En el Consejo de la Magistratura hubo sólo dos votos a favor de impulsar el juicio de destitución. Fueron la consejera sumariante, Giovana Taurelli y la consejera Paula Cardozo, de quien el consejero Manuel Burgueño destacó, en otra entrevista publicada por ADNSUR, que es funcionaria del gobierno provincial.
En definitiva, suele haber casos donde lo jurídico se mezcla con lo político, mucho más de lo que se pretende admitir. También en su momento, años atrás, el propio Iturrioz afrontó los embates de un sumario en el Consejo de la Magistratura, cuando participó como fiscal en la detención de un ministro sin iniciar el procedimiento de desafuero (una inmunidad, o privilegio, cuya eliminación hoy impulsa el gobierno provincial).
En aquel momento, el consejero sumariante era un representante popular que respondía directamente al gobierno provincial, afectado por la investigación, ya que era un reconocido afiliado del Chusoto. Las coincidencias entre visiones legales (o “cuál lado de la biblioteca” se utiliza) y corazones partidarios suelen darse más de los límites de la prudencia.
Por lo demás, no deja de haber sido un buen síntoma que el caso de fondo, es decir el vinculado a las irregularidades investigadas y juzgadas por las conductas en el temporal, se haya expuesto en un juicio oral y público, con todas las garantías del debido proceso y los mecanismos de revisión que todavía están vigentes.
La absolución inicial de funcionarios y una ‘probation’ para los empresarios, incluso cuando esa decisión de los fiscales no era irregular, hubiera sido difícil de digerir, para una sociedad que cada vez cree menos no sólo en los referentes políticos, sino también en su sistema de justicia.
