PUERTO MADRYN (ADNSUR) - La abogada del ex gobernador Martín Buzzi, Valeria Corbacho, recusó a los fiscales Daniel Báez y Silvia Pereira y al Fiscal de Estado, Diego Martínez Zapata, en la audiencia donde se define si el caso va a juicio oral y público. Para el fiscal Báez es una “puesta en escena para dilatar la situación”. Deberá resolver el procurador Miquelarena en una audiencia.

Por un planteo de la abogada del ex gobernador Martín Buzzi se pospuso la audiencia preliminar donde se debe definir si la causa que investiga el otorgamiento del crédito de 10 millones a Omar “Cura” Segundo va a juicio oral y público.

La audiencia se realizó en la sala del Tribunal de Cuentas de Rawson la mañana del lunes y la abogada Valeria Corbacho, patrocinante de Buzzi, solicitó la recusación de los fiscales Daniel Báez y Silvia Pereira, así como del Fiscal de Estado Diego Martínez Zapata, quien es querellante en la causa.

Tras la realización de los planteos de la defensora, el juez de la causa, Fabio Monti, rechazó el pedido de apartamiento de Martínez Zapata ya que la recusación del querellante no está prevista en el Código Procesal Penal de Chubut.

Por su parte, según la ley, el Procurador Jorge Miquelarena deberá resolver sobre la recusación a los fiscales Báez y Pereira. El fiscal Daniel Báez sostuvo que la recusación que realizó la defensa “es una puesta en escena” y una “maniobra dilatoria”.

"Más que una recusación, es una maniobra claramente dilatoria. No tienen elementos", dijo el fiscal Báez durante su réplica y sostuvo que "es parte de la estrategia planteada primero con los fueros y luego con la cuestión de competencia ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral” para dilatar la causa.

"Es una puesta en escena con características de comedía y de drama", aseguró Báez sobre el pedido de la abogada de Buzzi. "Que a Buzzi no le guste el contenido de las entrevistas es otra cuestión. No le gusta porque lo incriminan", aseveró en el marco de la audiencia.

PEDIDO DE CAPTURA Y DETENCIÓN PARA UNO DE LOS IMPUTADOS

El juez Monti, previo a los plantos de las partes, declaró la rebeldía y captura para Diego Hernández, uno de los imputados, por no estar presente en la audiencia. Finalizando la audiencia, su abogado defensor indicó que el mismo estaba en Gualjaina y que se iba a presentar voluntariamente.

La causa judicial investiga el otorgamiento del crédito de 10 millones a Omar Segundo cuando era presidente de Alpesca, del cual sólo se devolvió 1,5 millones y la calificación legal es por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. Desde la Fiscalía indicaron que no se cuestiona “el destino de los fondos sino la forma en que se otorgó, contrariando las leyes vigentes”.

ACUSADOS

En la causa se encuentra acusados el ex gobernador Martín Buzzi, la actual diputada Gabriela Dufour, los ex ministros Carlos Eliceche y Pedro Zudaire; así como a los directores de CORFO, el organismo por el cual se otorgó el préstamo, Claudia Mundet, Gustavo Simón, Diego Hernández, Ernesto Siguero y Enzo Romero Belastín. Asimismo, Héctor Omar Segundo, su hijo Juan Paulo y el ex gerente de Alpesca, Carlos Molina, también están acusados, en calidad de partícipes necesarios.

La calificación es por “fraude en perjuicio de la administración pública”, ya que los fiscales sostienen que “existió un despliegue de actos engañosos a fin de aparentar legalidad a un acto de disposición patrimonial del Estado que en realidad no la tenía, contraviniendo las disposiciones legales que regían la materia, violando deberes propios y disponiendo patrimonialmente a través de un organismo autárquico –CORFO- de la suma de diez millones de pesos, sin garantías reales ni avales, ocasionando un perjuicio a la Administración Pública”.

Respecto a Segundo, los fiscales indicaron que el mismo “tenía acabado conocimiento de que no iba a poder devolver el “préstamo”, siendo parte necesaria y esencial de la maniobra defraudatoria que luego se concreta a través de CORFO”.