El fiscal Alex Williams expresó en diálogo con el canal digital de ADNSUR su satisfacción por el fallo del tribunal de juicio de la emergencia climática, que dictaminó la responsabilidad penal de 9 de los 11 imputados que llegaron a la instancia final. Ponderó especialmente la condena también a los comerciantes y empresarios, al tiempo que anticipó que el martes próximo solicitará penas de prisión de cumplimiento efectivo, apuntando en el caso de los ex funcionarios públicos al máximo previsto de 6 años de cárcel.

“Pueden parecer penas  exiguas, pero es el máximo que está previsto en la escala para este tipo de delitos”, anticipó, en relación a la acusación por defraudar al Estado en un monto que en total llega hasta los 15 millones de pesos.

Williams, que llevó adelante la acusación junto a Omar Rodríguez, ambos integrantes de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal, dijo que han quedado satisfechos con el pronunciamiento, porque ha seguido el lineamiento planteado por la parte acusadora.

“El veredicto ha encontrado a 9 de los 11 diputados como responsables de estos delitos y la sensación es de satisfacción, si bien hay algunas variables para analizar con más detenimiento en los próximos días, porque todo esto es muy reciente. Entiendo que el fallo reconoce la línea de la acusación, que achaca la responsabilidad penal a los ex funcionarios Leticia Huichaqueo, Diego Correa, Diego Luters, Marcelo Suárez y Vanina Barale”.

La ‘pata’ del sector privado en la corrupción del Estado

También consideró de especial importancia que se haya condenado a los integrantes del sector privado, es decir los comerciantes, sin cuya participación no se habrían podido perpetrar los delitos.

Las defraudaciones no se hubieran podido dar sin la intervención tan intensa y activa por parte de quienes se presentaban como proveedores del Estado, por lo que es muy destacable el veredicto de condena a Franco Finiguerra, Marta Fracasso, César Hughes y Bruno Taurelli, por la responsabilidad que les cupo en todo este desaguisado en el manejo de la cosa pública, en particular durante la emergencia climática”.

En este punto, diferenció la situación de otros juicios por corrupción, donde los empresarios fueron considerados en carácter de “víctimas” a raíz del “apriete” de funcionarios para exigirles pagos.

“Si bien encontramos dos casos donde los comerciantes fueron coaccionados para entregar facturación sin respaldo –explicó el fiscal-, lo que nosotros pudimos achacar y ha reconocido el tribunal es que en el caso de estos particulares condenados es la responsabilidad de haber actuado en connivencia con los funcionarios públicos y es la pata que le falta a este tipo de delitos. Lo que hacían estos comerciantes era poner a disposición de los funcionarios una facturación que no era real, por ejemplo, con entrega de 1.000 colchones, pero no era verdad", ya que nunca se entregaron.

A cambio de la entrega de documentación apócrifa, explicó Williams, los particulares recibían un beneficio económico.

“Luego del proceso, una oficina especializada se encargará del recupero de los montos actualizados, porque la defraudación alcanzó un valor de 15 millones de pesos de aquel momento", es decir en el año 2017.

 ¿Cuáles son los próximos pasos en el proceso judicial? ¿Por qué todavía hay riesgo de que el juicio se caiga y quede impune? ¿Qué implica la serie de juicios por corrupción en la provincia de Chubut? Estas y otras respuestas fueron expresadas por el fiscal Williams, durante esta entrevista exclusiva con el canal digital de ADNSUR.

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