En ese marco, el fiscal  Marcos Nápoli reconoció que quedan sospechas en torno a si las coimas eran pagadas con plata del bolsillo de los empresarios o con sobrecostos en la obra pública, al tiempo que defendió la decisión de aceptar la suspensión de juicio a favor de la mayoría de los empresarios, a cambio de obras por más de 400 millones de pesos. "Elegimos enjuiciar a quienes provocaron el daño mayor, que son los funcionarios públicos”, argumentó.

De buen humor tras el resultado del juicio, en el que las sentencias contra los 8 imputados coincidieron casi en su totalidad con los planteos de la fiscalía, Nápoli aceptó un juego propuesto para la entrevista, en el que se intentó “un juicio contra el juicio Revelación”, para abordar aspectos cuestionados por sectores de la opinión pública.

En principio, valoró la gravedad de las condenas, al afirmar que “en términos de años, creo que son duras”, aunque hizo la salvedad de que los delitos contra la administración pública están entre los últimos lugares de la escala de gravedad prevista por el Código Penal: “creo que amerita una reforma”, opinó, aunque justificó los años de condena obtenidos: “En el caso de Cisterna fueron 7 años y 6 meses de prisión, cuando el homicidio empieza en 8 años en su pena más baja, tratándose del delito de mayor gravedad en la escala”, explicó a modo de comparación.

“Lo interesante es que estos delitos en particular han tenido penas de inhabilitación perpetuas, es decir que estos funcionarios jamás podrán formar parte del Estado, en ningún estamento, sea municipal, provincial o nacional. Jamás podrán presentarse e elecciones, ni pasar por una comisión gubernamental”.

¿De dónde salía la plata de las coimas?

También el fiscal hizo referencia a por qué se aceptaron las suspensiones de juicio a prueba para los empresarios de la construcción que participaban del circuito de coimas, en el que reconoció que “no todos fueron víctimas”, pero defendió la decisión al indicar la complejidad para llevar a juicio a 50 personas, entre otros motivos que precisó en esta entrevista exclusiva con ADNSUR.

“Esa hipótesis la tuvimos y es una sospecha que aún tenemos, pero no formó parte del objeto de juzgamiento; es una sospecha que mantenemos”, respondió Nápoli ante la pregunta de si las coimas eran pagadas con el bolsillo empresario o con sobre costos en las obras.

“Desde un punto de vista objetivo, acá se perjudicó exclusivamente el bolsillo de los empresarios, pero no hemos dilucidado si este gravamen anómalo, que es una coima, era puesto de antemano en una licitación o a posteriori en una redeterminación de precios. Es decir, si el empresario preveía este gasto que venían realizando de antaño, según muchos de ellos. Interiormente creo que no perdían los empresarios, hemos visto estudiado sus contabilidades hay muchas empresas quebradas pero empresarios ricos”.

Otras preguntas que el fiscal Nápoli aceptó responder: ¿Hubieran sido posibles estas investigaciones con el gobernador Mario Das Neves en el poder? ¿Se llegó a constatar el nombre del gobernador Mariano Arcioni en las planillas de Excel, donde se asentaban los pagos de sobre sueldos con la plata del circuito de retornos? ¿Podría asegurar que hoy este sistema de pagos ilegales ha desaparecido del Estado provincial?

“No puedo asegurar que (estos circuitos de sobresueldos) hayan desaparecido del Estado. Si lo hacen, es de un modo mucho más prolijo. Los empresarios dicen que hoy no les piden retornos, pero lo cierto es que si alguien entra en una relación ilegal es difícil que aparezca como delator. Tuvimos suerte con el sobre de información” (dejado en Legislatura por una ex empleada provincial).

Estas y otras respuestas, a un click de distancia en esta entrevista imperdible de ADNSUR.

¿Querés mantenerte informado?
¡Suscribite a nuestros Newsletters!