RAWSON (ADNSUR) - Los servicios administrativos formados por el personal de planta del Estado tienen un rol fundamental para evitar que los hechos de corrupción lleguen a producirse, o al menos para atenuar sus efectos, ya que cuando llegan a la justicia el daño está causado, sobre todo en millones de pesos perdidos por la provincia. Esta es la síntesis del planteo que formuló hace ya tres años el procurador general Jorge Miquelarena ante el gobernador Mariano Arcioni, cuando empezaban a conocerse los hechos que hoy tienen a ex funcionarios condenados.

“La justicia llega cuando el hecho (corrupto) ya se consumó, pero con esta advertencia lo que se trata es de evitarlo, para reducir los perjuicios –evaluó Miquelarena, en diálogo con Periodismo de 10, por CNN Comodoro (94,3 Mhz)-. En abril de 2018, al poco tiempo de empezar estas investigaciones tan resonantes, le envié una nota al gobernador advirtiendo sobre los organismos de contralor que no solamente son los que establece la Constitución (Tribunal de Cuentas, Oficina Anticorrupción, Fiscalía de Estado, Contaduría General), que tienen el rol de contralor, pero lo hacen cuando el expediente ya está cerrado y pagado”.


Para fortalecer el circuito de control, el jefe de los fiscales provinciales entiende que se deben activar los organismos propios de la administración pública: “De lo que se trataba era de poner el foco  y resaltar, con aquella nota, el rol de aquellos otros organismos de contralor, que son áreas intermedias de la administración pública y que deben cumplir lo que dice la ley de Administración Financiera, que exige obtener los bienes y servicios con la mejor tecnología, en el momento adecuado y al mejor precio posible. Son estos estamentos y Direcciones de Compras, que son ocupados por personal de carrera, con estabilidad laboral en la administración pública”, añadió.

En términos prácticos, detalló que si estos organismos hubieran cumplido su rol, en la emergencia climática de Comodoro Rivadavia se hubieran evitado algunas de las irregularidades y defraudaciones que ahora serán sometidas a juicio, aunque con el perjuicio ya sufrido por las arcas del Estado: “Hubo casos muy claros, porque aunque tuvieran autorizado las compras por contratación directa en el marco de la urgencia, es claro que si un comercio está habilitado como maxi kiosco no puede aparecer vendiendo colchones al Estado. Pasaron cosas muy parecidas a esto que digo como un ejemplo exagerado”, reseñó. “Cualquier observador atento y todos los organismos tienen que poner la alarma sobre estas cuestiones”, advirtió.

Si bien dijo que no pudieron cotejar sin otros hechos comenzaron a activarse estos circuitos de control interno, Miquelarena citó una reunión que en su momento tuvo el efímero ministro coordinador, Sergio Mammarelli, al citar a todos los directores de áreas administrativas, tras aquella nota enviada por la Procuración, para exigir mayor celo en la aplicación de las normas de administración financiera.

Satisfecho con los resultados de los juicios por corrupción

Consultado sobre los resultados de los juicios, como el más reciente vinculado a la causa “Revelación”, Miquelarena valoró el trabajo realizado por el Ministerio Público Fiscal: “Yo trato de evaluar el resultado no en términos de pena aplicada, porque eso tiene que ver con los agravantes y atenuantes de cada caso particular y también con el criterio que utiliza el fiscal al respecto. Sí hago una evaluación más general y desde ese punto de vista, estoy satisfecho con lo hecho y también con lo que se va a seguir haciendo, por el trabajo de las Fiscalías y la Oficina Judicial. También por la tarea de los  jueces, que no es un dato menor, porque hicieron un excelente trabajo, tratándose de magistrados de extraña jurisdicción, digno de resaltar. También por el tiempo en que se llevó adelante todo esto, porque uno compara con otras causas en el país y en otro tipo de justicia y hay mucha diferencia. También me satisface que la teoría del caso llevada adelante por los fiscales, después de mucho tiempo de trabajo y cantidad impresionante de evidencia colectada, ha sido acogida por el tribunal.

Ante una consulta de si se llegó a fondo de la investigación, a partir de lo dicho por el tribunal en relación a  que se podría investigado el circuito de sobre sueldos que alimentaban los retornos exigidos a empresarios, respondió: “Lo que pasa es que los jueces no conocen lo que pasó en la investigación preliminar, antes del juicio, donde se consideraron todas esas hipótesis pero no llegaron al debate porque no se puede ir sólo con una lista, sino con una cantidad impresionante de evidencias que pudieron probar la teoría del Ministerio Público Fiscal en relación a los demás hechos. Se puede intentar determinar que esa persona que aparece en el listado se llevó el dinero mal habido y hacer el seguimiento de esa plata, que de hecho se hizo, pero en algunos casos se pudo acreditar y en otros no”.