Los jueces Miguel Caviglia y Karina Breckle, por unanimidad, resolvieron mantener la medida de prisión preventiva contra un sujeto imputado como presunto autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido por el encargado de la guarda y aprovechándose de la convivencia preexistente. También será juzgado por una imputación de lesiones leves agravadas por ser cometidas en contexto de violencia de género.

Asimismo, los magistrados, indicaron que la medida se impondrá por el plazo de tres meses o hasta la realización de las audiencias de debate. En este sentido, exhortaron a la oficina judicial, para que a la brevedad fije una fecha de audiencia y se conforme un tribunal de juicio.  

En la sala de audiencias de la oficina judicial se desarrolló una audiencia de revisión de la medida de prisión preventiva. El acto judicial estuvo presidido por los magistrados Miguel Caviglia y Karina Breckle de la circunscripción judicial de Comodoro Rivadavia. El Ministerio Público Fiscal fue representado por la fiscal Laura Castagno. El detenido, en tanto, recibió el asesoramiento técnico del abogado del Ministerio de la Defensa Pública, Gustavo Oyarzun.  

En la ocasión, Castagno, informó los hechos que figuran en la pieza de acusación pública. En este sentido, indicó que los delitos ocurrieron entre los meses de febrero y septiembre de 2019, en esta localidad.

Con respecto a la calificación legal, la fiscal, afirmó que se trata de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido por el encargado de la guarda y aprovechándose de la convivencia preexistente, en concurso real con lesiones leves agravadas por ser cometidas en contexto de violencia de género.

Por otra parte, informó que la pieza acusatoria fue presentada formalmente el 25 de octubre de 2021. En tanto, la audiencia preliminar de juicio tuvo lugar el 16 de diciembre del año pasado. A ello, agregó el pedido de mantenimiento de la prisión preventiva para el imputado.

Castagno, indicó que se configura el riesgo procesal de peligro de fuga, que permite sostener la medida de coerción. En este sentido, mencionó la falta de arraigo del acusado. También se refirió a la gravedad de los hechos y la pena que el imputado podría recibir al finalizar el juicio oral y público en su contra.

Asimismo, la investigadora describió el comportamiento del imputado durante el proceso, indicando que no mantuvo un domicilio fijo y se alojó en al menos tres viviendas ubicadas en barrios de Comodoro Rivadavia.    

Al analizar el pedido de mantener la medida de prisión preventiva, la representante de fiscalía, consideró que es la única medida idónea para este caso. En este marco, recordó que el procesado se encuentra detenido desde el 27 de agosto de 2021, por lo que lleva nueve meses bajo esa medida de coerción.

En ese sentido, mencionó que, al momento de la audiencia preliminar, se requirió que la medida se mantuviera hasta el momento de las audiencias de debate. Luego detalló las gestiones realizadas de manera conjunta con el Ministerio de la Defensa Pública y los informes de la Oficina Judicial, referidos a las dificultades para conformar un tribunal de juicio    

En este marco, el abogado Oyarzun, destacó la situación de incertidumbre de su asistido, en función de que, hasta el momento, no se informó sobre la confirmación del tribunal que intervendrá en el juicio.

Por estas razones, sostuvo que la medida de coerción se desnaturalizó. En tanto, informó que aún se debe corroborar y realizar un informe social, respecto a un posible domicilio en Comodoro Rivadavia, el que podría permanecer el procesado.

En consecuencia, el defensor público propuso que se prorrogue por veinte días la detención provisional del imputado. En ese lapso, la Defensa Pública aportará el informe socio ambiental. Asimismo, manifestó que en ese plazo se debe intimar a la oficina judicial de Sarmiento y a la Dirección de Oficinas Judiciales de Rawson, respecto a la conformación del tribunal designado para la realización de las audiencias de debate.       

Luego de escuchar los planteos de las partes, el tribunal revisor dispuso un cuarto intermedio. Luego informó su decisión de mantener la medida de coerción por el plazo de tres meses o hasta la realización de las audiencias de debate. También advirtió a la oficina judicial a los fines de fijar una fecha de audiencia y conformar el tribunal de juicio.

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