COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó el procesamiento del jefe de Policía de Santa Cruz, José Luis Cortés, por incumplimiento a los deberes de funcionario público, según la sentencia a la que tuvo acceso ADNSUR. Le imputan no haber contestado tres oficios judiciales para informar su actuación durante un corte de ruta en Caleta Olivia. Había sido procesado en primera instancia por la jueza federal de esa ciudad, Marta Yañez.

La causa por desobediencia se inició el 31 de marzo de 2016 a instancias de la Fiscalía Federal de Caleta y se deriva de otro expediente por entorpecimiento de servicios públicos. Se investigaba el corte de la ruta nacional 3, acceso norte, ocurrido del 28 al 30 de marzo del año pasado.

En esa ocasión el Ministerio Público Fiscal dispuso una serie de medidas que incluyeron pedirle el titular de la Policía que “arbitrara las medidas de disuasión o método alternativo de resolución de conflictos dando intervención, a través de la Unidad Regional correspondiente, a la Guardia de Infantería Zona Norte”.

Los oficios dirigidos a Jefatura fueron remitidos al fax de la División Prevención y Lucha contra la Trata de Personas. Cortes tenía dos horas para informar por escrito el resultado de las gestiones ordenadas. Se lo pidieron tres veces bajo intimación y no contestó. La misma solicitud fue para la Seccional Cuarta y la Unidad Regional Norte que sí “informaron las negociaciones y actuaciones en forma telefónica y por notas”.

Se le imputó a Cortes que como titular de la fuerza santacruceña “omitió y retardó en forma ilegal el cumplimiento de la manda ordenada por el Sr. Fiscal Federal Subrogante, Dr. Lucas Colla mediante los oficios 266/26 del 29/3 el que indicaba que los resultados de las gestiones debía informarse por quien corresponda y por escrito; 278/16 del 30/3 que requería informe en el plazo de dos horas de lo actuado a consecuencia del primero de las mandas y 285/16 del 30/3/que reiteraba los anteriores”.

Según la decisión de los camaristas Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, se probó que los oficios fueron dejados en el propio despacho del jefe y que incluso fue informado personalmente de su recepción cuando arribó a su oficina.

Al corte de ruta lo había iniciado un grupo de casi 15 personas de cooperativas y planes sociales de la Municipalidad de Caleta Olivia que reclamaban el pago de haberes.

El fiscal dispuso varias diligencias para identificar a los manifestantes, saber la modalidad e intentar resolver el conflicto que, “en este caso como en su mayoría, involucra cuestiones ajenas a la competencia del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal”. Pidió informes al intendente y al Ministerio de Gobierno acerca de las gestiones que se llevaban a cabo para despejar la ruta.

Pero además dio “especial intervención” a Cortés para que por su obligación funcional de prevenir y hacer cesar delitos “también arbitrara las medidas de disuasión y resolución de conflictos que estimaba procedentes e informara al respecto”. El pedido original se reiteró dos veces. “Paralelamente los hechos persistían. No obstante la máxima autoridad de la fuerza de seguridad provincial mantuvo silencio”.

“Esta falta de comunicación oportuna de las actividades que se encontraba coordinando en aras de resolver el conflicto social impidió conocer al Ministerio Público Fiscal –a cargo de la investigación­ el avance de las gestiones”.

La Cámara comodorense explicó que “la situación que se genera en el marco de estos hechos de cortes de ruta, piquetes, que involucran cuestiones sociales de las más diversas índoles, requieren de una respuesta eficiente, rápida y coordinada de todos los poderes del Estado ya que la problemática en que se gesta muchas veces resulta el disparador de hechos no sólo de mayor gravedad sino fundamentalmente prevenibles”.

El fallo tomó ejemplos de artículos periodísticos según los cuales preocupaba “la situación de camioneros que tienen mercadería con fecha de vencimiento de corto plazo. Incluso arios camiones que transportan ovejas, las cuales están sin agua, provocando problemas sanitarios”. O un camión con oxígeno para el Hospital que no podía pasar así como el peligro latente de un “contrapiquete” por parte de los camioneros quienes amenazaban con pasar por la fuerza. “La situación llegó a comprometer hasta la salida de sus domicilios de los vecinos de la ciudad por el caos generado por la acumulación del tránsito en la zona urbana”. El conflicto se agravó con las horas.

“La inactividad o la respuesta tardía por parte de la autoridad abre una enorme brecha en el margen de error en que puede incurrirse al momento de disponerse las medidas jurisdiccionales ya que no se cuenta con información actualizada y oportuna de sus auxiliares, las fuerzas de seguridad”, advirtió la Cámara.

La demora de Cortés para dar información sobre la orden judicial que recibió en el marco del conflicto que se desarrollaba “sin lugar a dudas ha importado el menoscabo del bien jurídico”. Por la jerarquía de su cargo “no podía desconocer las consecuencias que podía acarrear la falta de información que en forma personal le era requerida por el Ministerio Público Fiscal”.

Cortés es un policía retirado que fue convocado para la Jefatura. A la fecha del corte hacía poco tiempo que había asumido luego de cuatro años de inactividad.

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