Un brutal homicidio ocurrido en 2021 en la toma 2 de Febrero de Cipolletti fue reconocido por el acusado, Ricardo Miguel Ortega, de 49 años, quien confesó haber disparado a la víctima, Marcelo Morales, en medio de una discusión. El hecho fue caratulado como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa”, lo que abre la puerta a una condena más leve.

La Fiscalía y la Defensa consensuaron esa calificación en un juicio abreviado parcial. El fiscal Martín Pezzeta solicitó una condena de 4 años y 6 meses de prisión, mientras que el defensor Sebastián Perazzolli pidió el mínimo posible: dos años de prisión efectiva, ya que Ortega posee antecedentes penales computables.

Una pelea que terminó en tragedia 

El crimen ocurrió la noche del 17 de noviembre de 2021. Ortega, acompañado por otras personas, fue a buscar al hijo de Morales, Gabino, molesto porque el joven salía con su expareja. Al no encontrarlo, discutió con el padre. La pelea escaló hasta que Morales extrajo un arma tumbera y Ortega respondió con un disparo certero de un revólver calibre .38.

El proyectil atravesó la aorta torácica y ambos pulmones, provocando la muerte inmediata de Morales. Luego del crimen, la casa de la víctima fue incendiada, un acto que se presume fue cometido por personas allegadas al agresor.

Fue prófugo hasta 2023

Tras el hecho, Ortega se mantuvo prófugo durante casi dos años, hasta que fue capturado en 2023 y se le impuso prisión preventiva domiciliaria en el barrio El Choconcito, en la meseta de Neuquén. En su historial penal, registra una condena a seis meses por lesiones agravadas en 2017 y otra por amenazas y desobediencia.

El juez Guillermo Baquero Lazcano aceptó el acuerdo entre las partes y convocó a las partes para el próximo miércoles 23 de julio, cuando anunciará la sentencia. El imputado deberá presentarse por sus propios medios a la sede judicial de Cipolletti para conocer el monto de la pena.

El acuerdo de juicio abreviado evitó un debate completo, aunque la defensa reconoció que Ortega disparó. Sin embargo, la inclusión del “exceso de legítima defensa” como atenuante fue clave para reducir la expectativa de condena.

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