COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) -  La justicia federal de Comodoro Rivadavia se declaró competente, a partir de un dictamen de la Fiscalía Federal y la aceptación por parte del Juzgado, para investigar la desaparición de 30 dosis de vacunas Sputnik V en el Hospital Regional de esta ciudad, por lo que ya se estudian las primeras medidas para dilucidar los hechos, según pudo constatar ADNSUR.

El fiscal federal Norberto Bellver confirmó a esta agencia que ha dictaminado que la justicia federal es competente para investigar los hechos vinculados a la desaparición de las vacunas en el hospital de esta ciudad, lo que se detectó el 27 de enero y se denunció el 4 de febrero ante la justicia provincial. De este modo, se ha formulado el requerimiento de instrucción penal, que fue también aceptado por la jueza federal Eva Parcio, en cuyo despacho comenzó el análisis de las primeras medidas a adoptar para establecer las responsabilidades penales del caso.

Tal como informó ADNSUR, los fiscales provinciales trazaron un paralelo del caso con los hechos ocurridos a nivel nacional al momento de fundamentar su postura para enviar la causa a la justicia federal. Esta conclusión fue expresada a partir de determinar, cuando se buscaban las vacunas, que en la obra social de Camioneros se habían aplicado vacunas de la primera dosis de Sputnik V, por fuera del cronograma oficial de vacunaciones, aunque sin establecer vinculación entre las dosis faltantes del hospital, ya que corresponden a la segunda dosis.

Sin imputaciones por el momento

Hasta ahora, no hay imputaciones formales, ya que la justicia provincial reunió la información obtenida a través de allanamientos, tanto en domicilios de trabajadores del hospital como instalaciones de la obra social de Camioneros, para luego expedirse sobre la competencia.

Si bien los hechos fueron calificados provisoriamente como “hurto”, la investigación federal podría ampliarse a un abanico de figuras penales que se irán precisando a partir de los primeros testimonios que puedan recabarse, ya sea en carácter de imputados o de testigos. “No solamente los eventos materialmente concretos contra los bienes del Estado Nacional deben ser investigados por la Justicia federal –sostuvieron los fiscales provinciales al fundamentar su posición-, sino también la posible desviación de las conductas exigidas y esperadas de todos los funcionarios públicos involucrados en la materialización del Plan Estratégico para la vacunación contra la COVID-19 en la República Argentina”.

En ese marco, entendieron que las conductas podrían encuadrarse en el incumplimiento de los deberes de funcionario público, mientras que para autoridades de la social plantearon la posible figura de “encubrimiento”. Ahora, la justicia federal inicia una investigación prácticamente desde cero, por lo que se verá si mantiene esos mismos criterios o si avanza con otras definiciones.