La Justicia Penal investiga una posible defraudación al municipio de Comodoro Rivadavia a partir de servicios facturados pero no prestados, según la hipótesis planteada al detectar una factura por alquiler de un vehículo cuyo título de propiedad es falso. Así lo describió el fiscal Héctor Iturrioz, quien comparó el caso con un antecedente similar, cuando en la emergencia climática de 2017 se facturaron más días de trabajo que los efectivamente prestados con equipos viales. 

Tras los allanamientos realizados el miércoles a la empresa Cargo SRL, dedicada al alquiler de vehículos, el fiscal de la causa explicó hoy en Periodismo de 10, por CNN Comodoro, el tipo de maniobra defraudatoria que se podría haber producido, a partir de una denuncia del asesor legal municipal, Guillermo Hughes:

“La hipótesis es que el servicio nunca se prestó”, expresó el fiscal, en torno al título de propiedad falso de una camioneta que supuestamente había sido alquilada al Estado municipal. “Ya hay otros antecedentes –recordó-, la única diferencia entre las causas anteriores y ésta es que en este caso la denuncia surge del mismo municipio, pero no sería el primer caso donde el ministerio público fiscal acredite que se paga por un servicio que no se presta en realidad”. 

En concreto, el perjuicio para el municipio consistiría, según la investigación que encabeza el fiscal, a partir de facturas pagadas por alquiler de vehículos inexistentes, que a valores de 2018 eran contratos de alrededor de 22.000 pesos mensuales por cada vehículo alquilado. 

La investigación comenzó a partir del planteo de un empleado municipal, que a su vez llevó la inquietud ante la Asesoría Letrada, que a su vez dio intervención a la justicia penal. 

“Se detectó un título falsificado de un vehículo, que es de otra empresa local, que presuntamente no tendría vinculación con este hecho, pero con eso se hizo la denuncia –detalló el fiscal-. Nosotros pedimos los informes respectivos al Registro de Propiedad Automotor, con un informe de Dominio y verificamos que en el título apuntado hay numeración del motor y el número de certificado de origen que son distintos al vehículo que se dice alquilar, pero coincide el número de chasis. Es decir que el vehículo es distinto: uno es una Ranger Limited y el otro una Ranger 2.2, una es tope gama y la otra es entrada de gama. Obviamente, se utilizó un título de otro vehículo para falsificarlo, hacerle agregados posteriores y con eso se pretendió acreditar la titularidad del bien y la disposición del bien”.

Aclaró que no se trata de un vehículo robado, sino que se falsificaron datos para acreditar un servicio no prestado en la realidad. 

En la investigación se busca determinar si hay más contratos similares: “Se busca determinar si hay contratos simulados, una prestación simulada y una contra prestación del municipio a través de un pago”, apuntó el fiscal. 

Ante la posibilidad de que haya involucrados integrantes del municipio en la maniobra, Iturrioz respondió:

“Eso es lo que indica la experiencia anterior. En la causa de emergencia climática, que está compuesta por muchos hechos, en el hecho número 13, recuerdo que un empresario local le alquila una determinada cantidad de vehículos al municipio que a su vez se los había sublocado a otro empresario que se dedica a eso. Convocamos al empresario propietario de los vehículos y dijo: ‘yo se los alquilé 15 días, después me lo devolvieron y se los alquilé a las empresas petroleras’. Ese empresario imputado le había alquilado al municipio durante 3 ó 4 meses, cuando no tenía la disposición real de los vehículos, sólo contaba en su poder la documentación. Yo entiendo que la mecánica del hecho debe ser similar”.

Fraude contra la administración pública

Para Iturrioz, en estos hechos se da la figura conocida como “colusión”, es decir la voluntad de sectores privados y de integrantes del sector público para obtener un beneficio económico a partir de un abuso sobre las arcas públicas. 

“En estos casos tiene que haber colusión, tiene que haber algún funcionario al menos que dice: ‘sí, a mí me entregó la camioneta tal día, tal hora y yo la usé’. Es partícipe del delito”.

Sobre los resultados del allanamiento del miércoles, el fiscal dijo que aún no revisó toda la documentación, aunque detalló que desde el municipio se encontraron más inconsistencias en la documentación de algunos expedientes. 

"Estas inconsistencias nos dan a pensar como hipótesis de trabajo de que habría más maniobras en este sentido, de que se simula un alquiler cuando en realidad el servicio de poner a disposición el vehículo no se efectiviza, solamente se simula y se cobra”.

Hasta ahora, los hechos están caratulados como fraude a la administración pública, con imputación indirecta del empresario propietario de la empresa, o socio gerente: “se mantiene el principio de inocencia, pero técnicamente está imputado”, concluyó.