COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR / Informe Exclusivo) - El juicio contra ex funcionarios municipales y policiales que debía comenzar este lunes 11 de marzo en Comodoro Rivadavia deberá reprogramarse, a partir de la recusación planteada por el fiscal Martín Cárcamo, contra una de las juezas que integran el tribunal que tendrá a su cargo las actuaciones, según pudo saber ADNSUR en ámbitos judiciales. Se trata de la causa conocida como “coimas vip” y que involucra delitos de cohecho, incumplimiento de deberes de funcionarios público y facilitación de la prostitución.

Foto fuente: Radio 3

La causa tiene como imputados al Comisario Alejandro Omar Pulley, Guillermina Ferreira Almada, Juan Carlos Cuellar Gamboa, y los ex integrantes de la Secretaría de Seguridad Municipal: Antonio Zúñiga, Andrés Juvenal Velázquez y Víctor Barrientos.

Ahora, la Oficina Judicial debe resolver si acepta los argumentos formulados por uno de los fiscales actuantes, Martín Cárcamo (quien actúa en la causa, subdividida en dos partes, con la fiscal Camila Banfi), para recusar a la jueza Raquel Tasello, quien integra el tribunal junto a los jueces Jorge Odorisio y Gladys Olavarría. Anteriormente, habían sido recusados los jueces Alejandro Soñís y Miguel Caviglia.

Los hechos que deberán ser juzgados ocurrieron entre el 15 de septiembre de 2014 y el 2 de julio de 2016, en un domicilio de la calle Francia al 500, donde funcionó un departamento VIP propiedad, de Guillermina Ferreira Almada y Juan Carlos Cuellar Gamboa, en el cual al menos 5 mujeres ejercían servicios sexuales. El dinero percibido era abonado a Ferreira Almada, a la vez que Cuellar Gamboa brindaba condiciones de seguridad interna.

Asimismo, según la acusación formulada desde la fiscalía, el Comisario Alejandro Omar Pulley, como Jefe de la Seccional Primera, estableció vinculación personal con los ocupantes de dicha morada, a pesar de tener conocimiento de la actividad ilícita que allí se desplegaba.

Desde el 28 de agosto de 2014 y hasta aproximadamente el 28 de agosto de 2015, según intentarán probar los fiscales durante el juicio, Pulley aceptó los ofrecimientos de dineros o dádivas formulados por Ferreira Almada y Cuellar Gamboa, para omitir los controles al lugar, además de brindarle protección policial y  “asesorar en la empresa criminal”.

A cambio de dicha tarea, el funcionario policial habría recibido una pistola tipo reliquia y dinero en efectivo, remitido por Ferreira Almada a Pulley por la empresa Vía Cargo.

Esos hechos fueron calificados legalmente como “facilitación de la prostitución en concurso ideal con explotación económica de la prostitución, al menos 5 hechos en concurso real”, en calidad de coautor para Cuellar Gamboa. Respecto de Ferreira Almada como “facilitación de la prostitución en concurso ideal con explotación económica de la prostitución, al menos 5 hechos en concurso real” como coautora; “en concurso real con cohecho activo, el menos 4 hechos en concurso real”, en calidad de autora. En tanto que para Alejandro Pulley como “cohecho pasivo, al menos 4 hechos, en concurso real; en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en calidad de autor. Estimándose una pena entre 7 y 9 años de prisión para Cuellar Gamboa, de 10 a 12 años de prisión para Ferreira Almada y de 4 a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para Pulley.

Por otra parte, se juzgarán los hechos que involucran a ex funcionarios de la Subsecretaría de Seguridad del municipio. Estos alcanzan a Antonio Zuñiga, por hechos ocurridos desde el 1 de febrero de 2013 hasta el 5 de diciembre de 2016, quien según la acusación, ejecutó en esta ciudad actos administrativos contrarios a la Ley de profilaxis. Se lo acusa de haber incumplido la ordenanza para erradicación de los “departamentos vip” (donde se ejerce la prostitución), además de emitir libretas sanitarias “para facilitar que mujeres ejercieran la prostitución de manera encubierta en los locales comerciales Bagatel, El Duke, Belgrano I y II y Zulu. Según lo aportado por testigos, Zúñiga asesoró, brindó información y coordinó las inspecciones a los locales (durante el período de referencia)”. En esos actos, “omitió controlar y manipuló el contenido de las Actas de Inspección donde no consignó irregularidades”.

El segundo hecho aconteció entre el 1 de febrero de 2013 y hasta el 5 de diciembre de 2016, cuando los coimputados Antonio Zúñiga, Juvenal Velázquez y Víctor Barrientos, todos funcionarios pertenecientes a la Subsecretaría de Seguridad municipal, valiéndose de la condición de ser la autoridad de aplicación, en claro ejercicio abusivo de sus funciones, exigieron dinero bajo apercibimiento de clausura a los titulares de departamentos VIP y prostíbulos radicados en el centro de la ciudad. “El dinero era percibido de manera periódica y reiterada; y su exigencia era para permitir el normal funcionamiento y el ejercicio de la prostitución ajena de manera ilegal –sostiene la acusación, según reseñó el área de Comunicación del Ministerio Público Fiscal-. Se corroboró que estos dineros, así como los elementos decomisados de manera ilegal en los VIP, fueron convertidos por los coimputados en provecho propio y en favor de terceras personas. También la fiscalía imputó la protección por parte de Zúñiga y Velázquez del VIP de la calle Francia propiedad de los coimputados Ferreira Almada y Cuellar Gamboa”.

Los hechos fueron encuadrados jurídicamente como “exacciones ilegales agravadas en carácter de consunción, bajo la modalidad de delito continuado; en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en calidad de coautores; en concurso ideal con “incumplimiento por omisión” para Zúñiga y Velázquez como coautores y Barrientos como partícipe secundario de las exacciones ilegales agravadas. Estimándose una pena de 7 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para Zúñiga y Velázquez; y de 3 años de prisión para Barrientos.

Según reseñó en su momento el fiscal Cárcamo, en diálogo con ADNSUR, las coimas requeridas podían alcanzar los 15.000 pesos por semana.