COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – El Tribunal de justicia confirmó este jueves la sentencia contra Abel Reyna, quien está acusado de recibir coimas durante su gestión como delegado del IPV en la ciudad de Comodoro. La fiscal Camila Banfi detalló en diálogo con Actualidad 2.0 que le pareció "muy justa y ordenada la doctora. Se trata de probar con lo que uno tiene. Yo me siento satisfecha porque era un caso muy complicado", dijo la fiscal que había pedido cuatro años de prisión para el exfuncionario.
A las 13 horas, en los Tribunales penales del barrio Roca, la justicia hizo lectura de la sentencia, donde se confirmó que Reyna fue condenado a tres años de prisión efectiva.
El ex delegado del IPV estaba acusado de entregar viviendas a cambio de dinero o favores sexuales, y de haber montado una estructura dentro de la institución para cometer estas irregularidades.
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La sentencia se dio a conocer luego de que el jueves 4 de abril se diera por finalizado el juicio oral y público contra Reyna, acusado de 5 delitos: incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho, en concurso ideal con falsedad ideológica; exacciones ilegales en concurso ideal con falsedad ideológica; cohecho pasivo, por favores sexuales a cambio de una unidad habitacional; cohecho activo 4 hechos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Banfi manifestó que la jueza "fue ordenada en cuanto a dar por probados dos de los hechos por cohecho, el hecho del favor sexual en favor de una persona que concurrió como testigo y no compartió algunas de las calificaciones de la Fiscalía".
La jueza "dio por probados cuatro delitos más los incumpimientos generales", dijo Banfi y mencionó que "se tuvieron por probadas la denuncia íntegra por la que inicia la causa, el pago de dinero por viviendas, y este hecho como caso testigo del tema de los favores sexuales y también la manipulación respecto a las 81 viviendas de Ciudadela".
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"Nosotros con esa denuncia inicial pudimos probar en su totalidad la teoría que teníamos del caso", destacó.
Explicó que "la fisclaía no se sentía en total prueba para avanzar en esta pseudo asociación iliícita con los otros funcionarios; no descarta que la fiscalía pueda abrir algún nuevo expediente o continuar con la investigación de esas personas, que fueron denunciantes y no fueron traídos al proceso como imputados".