CAPITAL FEDERAL -  Este martes la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la incorporación de la provincia de Buenos Aires -planteada por Carlos Zannini- a la causa donde la Ciudad de Buenos Aires disputa su autonomía para definir sobre las clases presenciales.

“En mérito a que los argumentos expuestos en el punto VIII no permiten tener por justificada una comunidad de controversia que habilite la intervención prevista en el art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se desestima la citación obligada de tercero de la Provincia de Buenos Aires allí solicitada”, afirma la resolución del máximo tribunal del país.

Los magistrados rechazan así el planteo que había hecho el Procurador General del Tesoro, Carlos Zannini, para incorporar al expediente a la administración de Axel Kicillof.

Además, la Corte le pasó las actuaciones a la Procuración General de la Nación, haciéndole saber que deberán ser devueltas en el plazo de 72 horas. Una vez que el jefe de los fiscales Eduardo Casal emita dictamen el máximo tribunal quedará en condiciones de resolver sobre el planteo de la ciudad de Buenos Aires.

El gobierno porteño pidió que se le ordenara al Estado Nacional que “se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el Decreto cuestionado”, por el cual se suspendieron las clases presenciales en las escuelas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hasta el próximo viernes 30 de abril inclusive.

Horas antes de que se venciera el plazo el Gobierno presentó ante la Corte los argumentos en respaldo de la suspensión de clases en el AMBA. El documento de Zannini habló de la necesidad de “proteger la vida y la salud pública”. Además cuestionó a la administración porteña por no haber acatado las medidas dispuestas por el Ejecutivo. Y también pidió, sin éxito por la decisión de este martes, que se convocara al gobierno de Kicillof como parte involucrada ya que las decisiones de la ciudad de Buenos Aires tienen impacto en el conurbano bonaerense. 

El documento no solo expuso argumentos jurídicos sino sanitarios, enfocados en la necesidad de reducir la presencia de la gente en la calle. Afirmó en uno de sus tramos: “La restricción no tiene por objeto afectar el derecho de educación, como malintencionadamente alega la actora (por la Ciudad), sino disminuir la circulación, lo que necesariamente conlleva la restricción de determinadas actividades que implican la concentración de personas; así como también, suspender por un plazo temporal la presencialidad de las clases”.

Con información de TN