La Justicia inició una investigación penal contra una mujer acusada de ejercer la profesión de psicóloga sin contar con título universitario, matrícula profesional ni habilitación oficial. El caso se formalizó durante una audiencia realizada recientemente, en la que la persona imputada fue informada del hecho por el cual se la investiga.

Según detalló el Ministerio Público Fiscal, los hechos habrían ocurrido entre el 17 de noviembre de 2021 y el 12 de diciembre de 2024 en Esquel. Durante ese período, la imputada habría realizado tareas vinculadas al ejercicio profesional de la psicología en un centro de tratamientos alternativos. En ese lugar, atendió a por lo menos 17 personas, incluidos menores de edad.

La investigación comenzó tras una denuncia presentada ante la Fiscalía. A partir de esa presentación, el Ministerio Público reunió elementos preliminares que permitieron avanzar en la formalización del caso. 

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En la audiencia, el procurador de fiscalía Ismael Cerda, bajo la supervisión de la fiscal María Bottini, explicó que la mujer se presentaba como psicóloga ante sus pacientes y realizaba prácticas propias de esa profesión.

Entre las acciones atribuidas a la acusada se incluyen la formulación de diagnósticos, la indicación de tratamientos y la emisión de certificaciones psicológicas. En algunos casos, según la acusación, también habría desestimado síntomas que requieren la evaluación de un profesional habilitado en salud mental.

La figura penal que se investiga es la usurpación de título, prevista en el Código Penal para aquellos casos en que una persona ejerce una profesión regulada sin poseer el título correspondiente. Este tipo de conducta puede constituir un delito cuando pone en riesgo la salud de terceros y se realiza de manera reiterada o sistemática.

Durante la audiencia, se informó que la mujer no cuenta con registro en ninguna institución educativa oficial como egresada de psicología, ni posee matrícula profesional ni habilitación emitida por organismos competentes. Tampoco existe constancia de que haya estado inscripta en colegios profesionales vinculados a la disciplina.

El centro en el que habría atendido, dedicado a terapias alternativas, tampoco estaría habilitado como consultorio psicológico. Esto refuerza la hipótesis de la Fiscalía sobre la presunta ilegalidad de las actividades desarrolladas en ese espacio.

El Ministerio Público Fiscal tiene un plazo de seis meses para completar la investigación preparatoria. Durante ese tiempo, se prevé la recolección de pruebas adicionales, entrevistas a pacientes, análisis de documentación y otras diligencias necesarias para determinar si corresponde formular una acusación formal ante un tribunal.

De confirmarse los hechos denunciados, el caso podría derivar en un juicio oral, en el que se evaluará la responsabilidad penal de la acusada. La pena por usurpación de título puede incluir sanciones de multa e inhabilitación, aunque dependerá de la valoración judicial y de la existencia de antecedentes o agravantes.

Por el momento, la persona investigada se encuentra en libertad y deberá presentarse ante la Justicia en caso de ser citada para nuevas instancias del proceso.

Con información del Ministerio Público Fiscal

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