Cayó un peligroso estafador: falsificó cheques por más de $2 millones en Chubut
Se hizo pasar por ingeniero y empleado municipal y realizó reiteradas estafas. Se sospecha que efectuó un raid delictivo por todo el país con la misma maniobra. El hombre fue detenido en la provincia de San Juan.
Este miércoles al mediodía, Darío Marcelo Ferro (49) fue detenido en la localidad sanjuanina de Santa Lucía. Se lo imputa de estafas y falsificación de instrumentos privados por un fraude en 2,5 millones cometido en Puerto Madryn. Y se sospecha que efectuó un raid delictivo por todo el país con la misma maniobra.
La causa se inició a raíz de una denuncia del dueño de un lubricentro de Puerto Madryn, que fue estafado con cuatro cheques por un total de 2,5 millones de pesos en la compra de cubiertas. Para efectuar la maniobra, Ferro se hizo pasar por ingeniero de una conocida empresa constructora de Trelew y pagó con cheques falsos.
Pero también en Trelew realizó una estafa en una estación de servicio, donde simuló ser un empleado de la Municipalidad de Puerto Madryn y también se llevó cubiertas.
La investigación la dirigió el fiscal jefe Alex Williams y la llevó adelante la División de Investigaciones de la Policía. Y lograron ubicar al estafador en la provincia de San Juan, donde finalmente fue detenido. No opuso resistencia.
Considerando las medidas de investigación que efectuó la Fiscalía, se confirmó el registro de actividad telefónica, donde surgió que Ferro se movilizó por las ciudades chubutenses de Playa Unión, Rawson, Trelew y Puerto Madryn. En 20 días, también se desplazó por las provincias de San Juan, La Pampa, Mendoza, San Luis, Chubut, Río Negro, Santa Fe y Buenos Aires. Un dato que surgió de la causa es que habría suplantado la identidad de una persona fallecida para obtener la titularidad de la línea telefónica que utilizó en sus maniobras.
Los fiscales sospechan que podría haber efectuado maniobras delictivas en esos lugares. En San Juan, utilizando el nombre falso de “Marcelo López” hizo tratativas para la compra de un tractor y cubiertas, consultando por modos de pagos y haciendo hincapié en el pago con cheques. La compra no se pudo efectuar, porque los policías ya lo estaban investigando.
Posteriormente, se realizaron allanamientos, autorizados por el juez Horacio Yangüela, en las ciudades de Guaymallén (Mendoza), Santa Lucía (San Juan) y Rawson (Chubut). Uno de los allanamientos fue en un local comercial de San Juan para desayunar llamado “Tentate”, que fue clausurado en el año 2020 en pandemia y está a nombre de Ferro.
En el procedimiento secuestraron cheques, dispositivos informáticos e impresoras. También se retuvieron los vehículos Fiat Argo y Ford Ranger, en los que se manejaba Ferro.
LA ESTAFA DEL LUBRICENTRO
La causa se inició con la denuncia del propietario de un lubricentro. Ferro se identificó como un ingeniero de una conocida empresa constructora de Trelew y le solicitó presupuesto por 12 cubiertas. Luego de pedirle rebajas en el precio, realizó el pago del importe de la compra, entregando un total de cuatro cheques por 2,5 millones de pesos.
Las cubiertas fueron retiradas del local a las pocas horas por personas que prestan servicio de fletes, pero cuando el comerciante intentó ingresar dos de los cheques al banco, le informaron que eran cheques falsificados.
Al comunicarse con la empresa constructora, comprobó que era una estafa: el dueño de la empresa le dijo que la persona que se hace llamar “Marcelo” no trabaja en el lugar, pero que habría realizado maniobras de este tipo y ya habían realizado la denuncia.
ESTAFA Y FALSIFICACIÓN
El fiscal Alex Williams indicó que formulará una imputación por “estafa y falsificación de documentos privados” y solicitó que quede detenido en prisión preventiva mientras avanza la causa judicial. “Si bien es habitual la utilización de cheques para la comisión de defraudaciones, no es usual que el instrumento en sí mismo sea apócrifo; por lo que a la calificación primigenia de estafa deberá necesariamente concursarse la figura de utilización de instrumento privado falso”. El fiscal también valoró en su escrito “la importancia del daño resarcible, ya que la víctima ha sufrido un perjuicio patrimonial que supera los 2.500.000 de pesos”. La pena por este tipo de delito puede llegar a los 10 años de prisión.