RAWSON (ADNSUR) - El juicio de la denominada causa Revelación tuvo continuidad durante la mañana de este martes con la declaración de dos testigos aportados por la fiscalía, en el marco de la etapa de producción de prueba. 


Según se detalló la Agencia de Comunicación Judicial, el perito informático Guillermo Figueredo continuó con su declaración que se había iniciado el lunes y que hizo referencia en gran medida a las pericias realizadas sobre equipos de telefonía celular secuestrados durante la etapa de investigación.  


En ese sentido expuso al tribunal y a las partes respecto a las comunicaciones a través de mensajes de texto y WhatsApp que algunos de los imputados mantuvieron con otras personas, en especial empresarios del rubro de la construcción.


En el caso de Brian Elias, un ex policía que trabajaba en la brigada de investigaciones de Trelew y actualmente se desempeña en el Ministerio Público Fiscal, su declaración se centró durante la primera etapa de su testimonio en relación al trabajo investigativo realizado previo a los allanamientos ordenados por el Ministerio Público Fiscal como así también de la declaración recibida a distintos empresarios, algunos de los cuales ya declararon en la causa.


La causa Revelación se llevó a juicio oral y público tras una investigación sobre supuestos hechos de corrupción en la adjudicación y pago de obras públicas, en la cual están vinculados exfuncionarios provinciales y empresarios.


El tribunal a cargo del juicio está integrado por los jueces Mariano Nicosia, Ivana María González y Alejandro Rosales, siendo el primero de ellos quien presida las audiencias que se realizan en la sede de la Oficina Judicial de Rawson.


La causa cuenta con ocho personas imputadas, entre quienes se encuentran los exfuncionarios provinciales Víctor Hugo Cisterna, Diego Miguel Correa, Gonzalo Carpintero Paterson, Pablo Alejandro Oca, Diego Correa, Juan Martín Bortagaray, Alejandro Pagani y Diego Lüters; además del empresario Martín Castillo.


Cabe recordar que la causa llegó a debate tras una extensa investigación en la cual una veintena de empresarios imputados originalmente en el caso accedieron a la suspensión del juicio a prueba (probation) para evitar ir a juicio, a cambio de hacerse cargo de la construcción de instalaciones o compra de equipamiento para uso de la ciudadanía en distintos puntos de la provincia.