RAWSON (ADNSUR) - Este viernes se llevó a cabo la audiencia de cesura de pena de la causa Revelación, en la que se pidieron las penas de prisión, inhabilitación y decomiso de bienes para los exfuncionarios que fueron condenados como miembros de una asociación ilícita en la que exigían “retornos” para liberar pagos a empresarios de la construcción. Víctor Cisterna, ex ministro de Coordinación de gabinete durante parte de la tercera gestión de Mario Das Neves, será quien probablemente sufra la condena más dura a tenor de lo solicitado por los fiscales. Además de hacerse cargo de las costas de la investigación y la inhabilitación perpetua para cubrir cargos públicos, para el ex ministro los fiscales Marcos Nápoli y Gustavo Núñez, pidieron siete años y medio de prisión.

Víctor Cisterna, Pablo Oca, Alejandro Pagani  y Martín Bortagaray, en su rol de ex ministros , fueron condenados como miembros de la asociación ilícita y exacciones ilegales o cohecho pasivo durante el gobierno de Mario Das Neves. Junto a ellos, fueron encontrados culpables también Diego Correa (asociación ilícita y exacciones ilegales) y Gonzalo Carpintero (enriquecimiento ilícito), que se desempeñaron como secretarios privados, además de Diego Luthers (asociación ilícita y exacciones ilegales) y el empresario Martín Castillo (autor del delito de cohecho activo).

Tweet de Alejandro Soulages

El imputado que le sigue a Cisterna en cuanto a los años de prisión solicitados, es Diego Correa, exsecretario de la Unidad Gobernador, para quien el fiscal Marcos Nápoli solicitó 5 años y medio de prisión de  efectivo cumplimiento e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Para Bortagaray pidió la pena de 4 años y ocho meses de prisión, con más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y con la expresa condena sobre las costas del proceso.

Napoli pidió además que Pagani sea condenado a la pena de 4 años y 8 meses de prisión efectiva, con más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, con expresa condena sobre las costas del proceso.

Le solicitó al tribunal que el ex ministro de Economía Pablo Oca pague tres millones de pesos en 10 cuotas que serán destinadas a entidades civiles sin fines de lucro. El fiscal pidió para el exfuncionario una condena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento, además se le suma que abone parte de los costos que demandó la investigación y el proceso judicial.

Se detalló que, al igual que Diego Correa, Luthers también está involucrado en otros ilícitos que ya se encuentran en etapa de juicio oral y público a desarrollarse este año. Los fiscales pidieron para él la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento, con expresa condenación de las costas del proceso.

En cuanto a Gonzalo Carpintero, fue  hallado culpable del delito de enriquecimiento ilícito en calidad de autor, por los hechos investigados y ocurridos entre  diciembre de 2004 y noviembre de 2017 en perjuicio de las Administraciones Públicas de la Provincia de Chubut y de la Municipalidad de Trelew. Los investigadores pidieron también para el exfuncionario la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.  Además, solicitaron que se le imponga una multa de pesos 12.468.592 y se decomise el bien ubicado en calle Pablo Neruda 3795 del barrio de Bonorino de la ciudad de Trelew, que pasará a dominio del Estado ni bien la sentencia adquiera autoridad de cosa juzgada.

Tweet de Alejandro Soulages

El empresario MartíN Castillo fue el único sometido a juicio oral y público. Fue hallado culpable del  delito de cohecho activo en calidad de autor, por el hecho ocurrido en el mes de abril de 2017 en perjuicio de la Administración Pública de la Provincia de Chubut. La fiscalía pidió al Tribunal  la pena de 2 años de prisión, de ejecución condicional, como la expresa condenación de costas del juicio a su cargo.

Los ex funcionarios provinciales imputados ocuparon altos cargos durante la tercera gobernación de Mario Das Neves al frente de la provincia del Chubut. Los ilícitos investigados se produjeron  desde su asunción, en diciembre del año 2015, en adelante. La investigación realizada por los fiscales generales Marcos Nápoli, Héctor Iturrioz y Gustavo Núñez, pudo determinar el pago de retornos por parte de una treintena de empresarios de la construcción. El dinero que se recaudaba era derivado para la llamada “caja política” y el pago de sobresueldos, entre otras derivaciones.