Causa IPV 3 en Comodoro: pericias telefónicas comprometen a una coimputada y analizan el rol de otras tres
El trabajo permitió confirmar el vínculo financiero entre Vanesa Fita y Camila Páez, según precisó el fiscal del caso. Se recuperaron 5 GB de información vinculada al fraude de 59.000.000 pesos.
La investigación por la millonaria estafa vinculada falsas gestiones y promesas de planes habitacionales en Chubut, conocida como causa "IPV 3", sumó un importante avance con las pericias telefónicas, cuyos resultados se están terminando de evaluar.
Según confirmó el fiscal Martín Cárcamo, las comunicaciones extraídas de los celulares de las imputadas, incluida la principal acusada Vanesa Fita, permiten verificar el modo de operación del grupo, mientras que al concluir el trabajo quedará establecido el grado de participación de las restantes coimputadas.
El trabajo pericial, realizado con la colaboración del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, permitió recuperar más de cinco gigabytes de información, incluyendo chats de WhatsApp, transferencias y mensajes vinculados a la maniobra.
El análisis, aún en curso, refuerza la hipótesis fiscal sobre el rol activo de varias mujeres inicialmente presentadas como víctimas, quienes luego pasaron a administrar grupos y reclutar nuevos damnificados.
"Lo que no queda duda es que hubo una participación para mantener vigente la maniobra defraudatoria", señaló Cárcamo, en diálogo con Actualidad 2.0, al explicar que las imputadas Lucía Miranda, Gisela Mansilla, María Curán y Camila Páez, no sólo difundían información falsa, sino que también operaban como intermediarias en la captación de nuevos aportantes.
Aunque las defensas de las coimputadas argumentan que no tuvieron beneficio económico en la maniobra, el fiscal restó importancia a ese planteo y aseguró que no es suficiente para desestimar la acusación.
En ese marco, indicó que, si bien Fita se retiraba de la administración de los grupos de Whatsapp, las coimputadas se encargaban de continuar con ese rol, reclutando a más personas, con el fin de avanzar con las maniobras defraudatorias, con un importante grado de participación.
“Aunque no haya un beneficio económico importante, la posición de la defensa es insuficiente para derribar la acusación, aun cuando en un principio hubieran revestido el carácter de víctimas de la maniobra", dijo.
Y agregó: "No hay dudas de que colaboraron para mantener vigente el fraude y esto se verifica en las pericias, por la disposición para actuar como intermediarias y captar nuevos interesados”.
Billetera virtual e intercambio financiero
Cárcamo mencionó la relevancia del caso de Camila Páez, a quien se le atribuye la creación de una billetera virtual utilizada por Fita para canalizar parte de los fondos defraudados. Incluso, ya se han detectado movimientos financieros e intercambios de dinero entre ambas, lo que fortalece la acusación de la fiscalía respecto de un posible beneficio económico.
La estafa, que afecta a 590 personas, está valuada en más de 59 millones de pesos, partiendo de que la denuncia sostiene que cobraban 100.000 pesos a cada interesado en ser inscriptos en los falsos planes de vivienda.
“El valor surge de una doble confrontación -dijo Cárcamo-. Primero, por los propios denunciantes que informaron esto y segundo en el movimiento de dinero entre las diferentes cuentas y billeteras virtuales identificadas, a las que los damnificados giraron dinero. Entre todas, se llega a ese valor”.
La fiscalía trabaja con un plazo inicial de investigación que vence en agosto, aunque no descartan solicitar una prórroga por tratarse de una causa compleja. De todas maneras, Cárcamo aseguró que, de mantenerse el ritmo actual, "la evidencia reunida hasta el momento sería suficiente para formular una acusación pública", proceso que, de culminar con la hipótesis del fiscal, debería derivar en un juicio oral y público.
