La fiscal Camila Banfi informó que “los hechos de corrupción se materializaron con la entrega de viviendas en el barrio Ciudadela, la fiscalía tomó como investigación piloto las 81 Viviendas".

La fiscal Camila Banfi confirmó que la causa del IPV se eleva la causa a juicio a prueba. Foto: Marcelo Vidal

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR/Escuchá el audio de la entrevista) – En el marco de la causa del IPV que tiene como uno de los imputados al ex titular del Instituto Provincial de la Vivienda, Abel Reyna, junto a otros integrantes del área,  la fiscal Camila Banfi confirmó en Actualidad 2.0 que Reyna irá a juicio por cohecho y abuso de autoridad. De esta manera “lo que trae aparejada la pena es la perpetuidad en la prohibición de ocupación de cargos públicos”, confirmó la fiscal.

Banfi informó que “los hechos de corrupción se materializaron con la entrega de viviendas en el barrio Ciudadela, la fiscalía tomó como investigación piloto las 81 Viviendas y se investigó los mecanismos de asignación, veracidad de las actas, puntajes y todo lo que marca la normativa”.

En este sentido,  detalló que “uno de los hechos es que se asignaron en gran cantidad a personas que no cumplían con los requisitos. Se hizo caso omiso a personas que impugnaron los listados y hay una serie de hechos de favores políticos o sexuales”.

La fiscalía tomó como investigación piloto las 81 Viviendas de Ciudadela.

De modo que “para nosotros se dividen entre cohecho activos y pasivos y remitos de tráfico de influencia para Abel Reyna porque testigos decían que él saltaba los pasos de Comodoro a Rawson y en una instancia política directa otorgaba las viviendas”, explicó.

Consultada sobre la expectativa de pena, indicó que “la expectativa de pena no es alta porque es un juicio unipersonal. Sí trae aparejada la inhabilitación perpetua para ejercicio de cargos públicos y será de cumplimiento condicional o efectivo en la medida que la fiscalía pueda comprobar. No puedo adelantar una pena porque dependerá del debate”.

También  recordó que “el arquitecto Trovant quien hizo la denuncia, en ese momento estaba bajo las directivas de Martín Buzzi y se ofreció un informe que está firmado por el entonces vicegobernador. Es una especie de documentación donde ofreció el Ejecutivo al Legislativo todas las viviendas y allí están las 81 viviendas de la causa”.

“Siempre cuando hay causas se intenta presentar todo lo que tiene que ver con las reparaciones. Esto está vedado para los funcionarios públicos por lo que no podrían tener una reparación de juicio a prueba. En el juicio podría cortarse y no ir al debate oral y público con un acuerdo de juicio abreviado, pero en esta instancia, por lo que hemos decidido que la causa se eleve a juicio y ver qué surge para ese momento”, afirmó.

Asimismo, indicó que “para nosotros es importante que los empleados del IPV vengan al debate porque tienen mucho personal y es fuerte desde que se cuestionó esta tarea administrativa y es necesario que vengan a decir qué sucedió”.

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Además, Banfi remarcó que “fue un proceso largo donde tuvimos que meternos en cada uno de los legajos y generó una suerte de complicación porque se pensaba que la fiscalía iba a asignar las viviendas”.

“Investigamos los delitos funcionales y todo lo que hace a la administración de las viviendas cuestionadas, lo tiene que resolver el IPV. De a poco se fue trabajando y ajustando. Si bien arrancamos con una causa que en expectativas era más amplia, decidimos acotarla a las 81 viviendas de Ciudadela porque en esas viviendas se podía corroborar con las pruebas, estas maniobras”.

La fiscal, aclaró que “tenemos cuatro hechos, uno puntualmente que es el de asignación ilegal del plan de viviendas donde decimos que en los criterios de selección se modifican los puntajes y saltean la entrega que es incumplimiento de deber de funcionario público”. Luego, existe “un cohecho activo y el expedir dinero para trámites, y un último y cuarto hecho es incumplimiento de deber de funcionario público por haber hecho caso omiso a las imputaciones diciendo que los adjudicatarios no cumplían los requisitos”.

Finalmente, Banfi remarcó que “Reyna iba a ejercer su influencia para que se entreguen. Hay testigos que dicen que los legajos no pasaban por Rawson” y aclaró que “no le dimos suspensión de juicio a prueba a ninguno porque en caso de particulares que pagaron o dieron algún favor”. Además, indicó que “los colaboradores recibieron casas de modo ilegal y sí se les imputó. Uno de los testigos señala que su necesidad era tan imperiosa que considera que el pedido de dinero era para acelerar el trámite, pagaba alquiler y tenía un hijo discapacitado”.