El Tribunal integrado por los jueces Mónica García, Martín O’Connor y César Zaratiegui dará a conocer el próximo lunes 23 de agosto las penas que deberán cumplir los tres exfuncionarios provinciales acusados en el marco de la denominada Causa Royal Canin. Se trata de una investigación judicial realizada para determinar las responsabilidades en el apoderamiento con fines propios de donaciones efectuadas durante la emergencia climática que vivió Comodoro Rivadavia y otras localidades del sur provincial durante los primeros meses del 2017.

Los jueces ya declararon a la exministra de familia Leticia Huichaqueo como autora del delito de peculado en modalidad de delito continuado, en tanto que Juan Carlos Gómez –expareja de Huichaqueo y con funciones en esa cartera provincial- como partícipe del mismo delito, en tanto que el exsubsecretario Marcelo Suárez fue declarado autor del delito de encubrimiento agravado. 

Pedidos de pena

En la sala de audiencias de la Oficina Judicial de Rawson se realizó hoy la etapa de debate sobre la pena a imponer a los tres acusados y en ese contexto, el Fiscal Héctor Iturrioz solicitó una pena de 5 años de prisión para Leticia Huichaqueo, además del pago de una multa de $ 90 mil y la inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cargos públicos.

Para el acusado Juan Carlos Gómez, quien también se desempeñaba en el Ministerio de Familia, se solicitó una pena de  4 años y 6 meses de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.

Finalmente, en el caso del subsecretario Marcelo Suárez, la pena requerida por los acusadores fue de 3 años y 6 meses de prisión, más inhabilitación especial por el doble de plazo de la pena a imponer.

Los abogados de la Fiscalía de Estado y la Fiscalía Anticorrupción, en su rol de querellantes, adhirieron a las mismas penas y condiciones requeridas por la fiscalía para los tres acusados.

Defensas por la mínima

El Dr. Javier Romero, defensor de Leticia Huichaqueo, consideró desmesurado el pedido de los acusadores y pidió una pena de 2 años y 6 meses de prisión en suspenso –el mínimo establecido por ley para el delito imputado - y también la sanción mínima en cuanto a la multa a imponer.

Por su parte, la defensa de Juan Carlos Gómez, ejercida por el Dr. Pablo Sánchez, solicitó una pena de 2 años de prisión de ejecución condicional. 

Finalmente, el defensor oficial Miguel Moyano pidió al tribunal para su asistido, Marcelo Suárez, una pena de un año de prisión de ejecución condicional y ofreció la realización de tareas comunitarias en favor de un comedor de la ciudad de Rawson.

El tribunal inició su deliberación y el próximo lunes 23 de agosto darán a conocer su resolución.