CAPITAL FEDERAL - La sala IV del máximo tribunal penal del país declaró “inadmisible” el planteo formulado por los abogados de Báez y remarcó que la sola invocación de los riesgos que implica la pandemia en la población carcelaria no son elementos que alcancen para una morigeración automática de la situación de detención que atraviesa el imputado.
La defensa de Báez llegó nuevamente a Casación, tras apelar un fallo emitido el 16 de abril por el tribunal oral federal (TOF 4), en el marco de un expediente en el que se lo investiga por supuestas maniobras de lavado de dinero.
“Los agravios invocados por la recurrente no han logrado conmover los sólidos fundamentos expresados por el a quo (el TOF 4) para denegar la pretensión reclamada, lo que conduce a la inadmisibilidad de la impugnación intentada”, sostuvieron los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo en un fallo de 9 páginas.
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“La resolución recurrida se basó sustancialmente en el informe médico que aseveró que es posible proteger la salud de Báez, mientras dure su detención en el Complejo Penitenciario Federal I – Ezeiza-, lo cual demuestra que, a pesar de pertenecer a un grupo de riesgo, su caso no encuadra dentro de aquellos que fueron recomendados por esta Cámara en la Acordada 9/20”, señalaron los jueces, al advertir que el del empresario no es un caso para el cual se recomiende la prisión domiciliaria.
Báez se encuentra con prisión preventiva en el marco del caso conocido como M&P, en la que se lo investiga por lavado de dinero, mientras que en la principal causa en su contra (conocida como “la Ruta del Dinero”) ya no está alcanzado por ese instituto y en otra causa por lavado que está en etapa de instrucción le fue concedido el arresto domiciliario.
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El empresario, de 64 años, padece de diabetes tipo 2, enfermedades coronarias –arritmias e hipertensión arterial- e insuficiencia respiratoria y se encuentra detenido hace cuatro años en el marco de distintos expedientes.
Fuente: Télam