Este jueves, la Jefa de Fiscales de Comodoro Rivadavia, Camila Banfi, dialogó con ADNSUR sobre la falta de tratamientos psicológicos a los privados de la libertad por hechos de delitos sexuales. "Estos delitos dentro de la sentencia condenatoria, cuando se dicta la condena efectiva o cumplimiento condicional trae aparejada la imposición de un tratamiento psicológico", señaló.

Cuando se le dicta una sentencia a una persona acusada de un delito sexual, la condena establece que tiene que realizar un tratamiento. "Lo que ocurre es que para poder darle cumplida esta sentencia, el condenado tiene que haber -al menos- iniciado el tratamiento", remarcó.

Actualmente, la mayoría de los defensores -sabiendo que es la condición para acceder a beneficios como libertad condicional- le piden a psicólogos particulares que realicen estos tratamientos. El preso se compromete por su propia cuenta a poder realizarlo y pagarlo desde su situación económica.

Sin embargo, esto genera una situación compleja, ya que muchos de ellos no tienen obra social y no cuentan con la posibilidad de pagarlo y se genera la duda de quién tiene que financiar ese tratamiento. "Desde la jefatura hemos analizado esta polémica que se ha generado luego del fallecimiento de un hombre que hace poco había obtenido una salida y para ese momento nos oponíamos a que se produjera su salida hasta que no se cumpliera el tratamiento", sostuvo Banfi.

Y agregó que "al sistema judicial o de ejecución penal se le resulta dificultoso ordenar que se vayan cumpliendo estos tratamientos porque es de público conocimiento que el Hospital de Salud Mental no lo otorga para personas privadas de la Libertad".

En este marco, indicó que "quienes están en libertad y tienen que hacer tratamientos psicológicos van a los CPV del Municipio y ahí les prestan ese tratamiento a las personas con condena provisionales". Allí es donde Banfi plantea que si esa prestación la da el área de Salud municipal, "¿Por qué no podría otorgarla el Hospital Regional? Hasta el momento las respuestas no han sido solidas", comentó.

Y planteó que "en Comodoro tenemos una alcaidía policial, que a diferencia de los penales grandes, no tienen un consejo correccional o criminológico donde en definitiva pueden ir brindando a los reos estos tratamientos de su condena. Por eso lo tiene que brindar Salud pública, pero dicen que no por estos motivos mencionados", sentenció.