El crimen de Gonzalo, un chico de 17 años, cometido por otro menor de 15 reabre la discusión sobre la inimputabilidad de los menores de edad. En las próximas horas se escuchará el entendible enojo e impotencia de la sociedad, como también el debate para reducir la edad para que los adolescentes puedan ser sometidos a un proceso judicial y asumir la responsabilidad de sus hechos, además de la comprensión cabal de la gravedad del delito perpetrado.

¿Tienen que ser punibles los adolescentes de entre 14 y 15 años? Muchos sectores sociales entienden que sí. El marco legal vigente establece la responsabilidad penal a partir de los 16 años, edad en la que la ley determina que son punibles, aunque con una protección hasta que cumple los 18 años.

En ese lapso, el joven que comete un delito puede ser sometido a un tratamiento tutelar y si éstas no dan resultado, se aplican medidas socio correctivas, con restricciones de libertad en centros especializados, que en la provincia de Chubut tiene como referencia al COSE (Centro de Orientación Socio Educativo). Después de ese período, dependiendo de la gravedad del hecho cometido, se pueden aplicar penas de prisión a partir de los 18 años.

La discusión que ahora se abrirá propone reducir la edad de imputabilidad hasta los 14 años, para que una persona de esa edad que comete un hecho tan grave como asesinar a otra persona, pueda ser imputado y sometido a un proceso judicial.

La sociedad está atemorizada y con razón. Hay casos recientes en Comodoro Rivadavia, que quedaron impunes. Uno de los más recordados es el de la Fracción 14, en el que un chico fue abusado sexualmente, lo que desató un estado de furia de los vecinos, que terminaron matando a golpes al que suponían padre del presunto agresor.

Posteriormente, se supo que ni la víctima fatal ni su hijo tenían nada que ver con la acusación, ya que el abuso sexual había sido perpetrado por un pibe de 15 años, sobre el que no se pudo adoptar ningún tipo de medida socio correctiva. No hay garantía de que ese joven haya entendido la gravedad del hecho cometido.

PARA QUE NO HAYA MÁS PIBES QUE SALEN A MATAR

Cumplida esa etapa, de reducir la edad de imputabilidad, en la que se busca transmitir un mensaje disuasivo frente a la posibilidad de salir a cometer hechos delictivos por parte de menores de edad (o de adultos que en algunas ocasiones los utilizan para perpetrarlos), queda una segunda meta. La sociedad necesita castigar a quienes cometen hechos aberrantes y es entendible la búsqueda de esa necesaria reparación. La impunidad sólo engendra más violencia.

El segundo objetivo, tan importante como el primero, es evitar que haya más pibes en situación de salir con un cuchillo, dispuestos a robar un celular para ganar unos pesos (en muchos casos -no sabemos si éste también lo es- para poder sostener el objeto de consumo en una adicción-), dispuestos también a matar si alguien se resiste a ese intento.

¿Alcanzará con reducir la edad de imputabilidad, para evitar que haya más pibes dispuestos a robar y matar? Hay una descripción que dieron esta mañana los funcionarios a cargo de la investigación, que detuvieron al menor involucrado: “La vivienda era muy precaria, con pocas condiciones de higiene. El menor no estaba viviendo con los padres y había varias personas en el lugar, mayores y también menores. Al menos una de esas personas tiene antecedentes por delitos contra la propiedad”.

¿Cuál es la suma de circunstancias previas, que llevan a que un pibe de 14 años, en lugar de concurrir a la escuela, esté dispuesto a salir con un cuchillo a robar y matar? “La base de nuestra sociedad es la familia, según la Constitución -dijo un operador de ámbitos judiciales-. Si el Estado no atiende en primer lugar ese núcleo básico, podemos bajar la edad de imputabilidad, pero no vamos a evitar que siga habiendo pibes en estas condiciones”.

Desde esa mirada, hay otro problema que crece como un cáncer silencioso, con una crisis social que limita cualquier expectativa de vida. Frente a eso, la reflexión del mismo operador judicial apuntaba que “hoy se destinan apenas 170.000 pesos al pago de los profesionales que deben intervenir en las familias vulnerables, para detectar este tipo de situaciones -apuntó-. La política de familia, que comparten históricamente la provincia y los municipios, tiene una porosidad muy grande, en la que no se termina llegando con la precisión quirúrgica que es necesaria para atender estos casos. Si lo que queremos es evitar que haya más pibes dispuestos a robar, hay que ir a encontrarlos en sus casas y generarles una expectativa de vida diferente”.

Los frecuentes reclamos gremiales, que se han repetido en los últimos años desde profesionales que trabajan (y dejan de hacerlo por malas condiciones) en esas áreas, dan cuenta de que el problema no es nuevo, pero no por eso menos grave. No es una cuestión de plata, sino de la importancia que se le asigna (o no) a un área esencial para prevenir que la violencia siga creciendo. Uno de ellos lo advirtió un par de años atrás: "Cuando nos demos cuenta de lo que implica desatender a este sector, va a ser tarde", advirtió.

¿Cuántos pibes más hay, hoy, afilando un cuchillo, orgullosos de una navaja, pensando cómo hacer para conseguir un celular o un par de zapatillas, sin ningún tipo de contención familiar, o en familias de lazos rotos? Si hay hambre en la casa, si lo primero que corre es el alcohol en lugar de una taza de café por la mañana, no importa si el chico fue o no fue la escuela.

Alguna vez, un trabajador social comprometido con los temas de niñez y adolescencia, dejó una frase que intenta reflejar torpemente este análisis: “nos sorprendemos por la facilidad con la que un pibe puede matar, sin importarle la vida de otra persona. ¿Sabés por qué? Porque lo primero que ha dejado de importarle a ese pibe es su propia vida. ¿Cómo le va a importar la vida de los otros?”.

Hay que bajar la edad de imputabilidad, es cierto. Pero si no se atienden las causas, no habrá presupuesto que alcance para seguir construyendo cárceles. Ni lágrimas suficientes para llorar tanta muerte.