COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - “La empresa Claro le había cortado la comunicación a toda la Armada, entre los días 13 y 15 de noviembre, por falta de pago. En esas condiciones, el ARA San Juan no podía enviar las comunicaciones para informar lo que estaba pasando. Por eso responsabilizamos a Macri, Aguad y 10 oficiales de la Armada por el delito de homicidio con dolo eventual en 44 hechos, en concurso con abandono de persona”.

La afirmación corresponde a la abogada Valeria Carrera, querellante que representa a 26 familias del submarino hundido el 17 de noviembre de 2017, provocando la muerte de sus 44 tripulantes. El jueves, buscarán que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revoque el procesamiento por delitos leves por el que la jueza Yañez imputó a sólo seis jefes marinos, excluyendo a los funcionarios políticos de turno.

Carrera anticipó los elementos con los que buscará modificar el rumbo de la causa judicial que investiga las responsabilidades penales de los jefes de la Armada que están acusados por el hundimiento del submarino ARA San Juan, del que se cumplirán 3 años en noviembre próximo.

“El 24 de octubre de 2019, la querella que yo represento, con una mayoría de 26 familiares, presentamos la acusación a la jueza Marta Yañez (titular del Juzgado Federal de Caleta Olivia) contra Macri, Aguad y 10 oficiales de la Armada. El delito para imputarlos fue homicidio reiterado, con dolo eventual en 44 ocasiones y abandono de persona –relató la abogada, en diálogo con Actualidad 2.0-. La jueza solamente llamó a 7 marinos, a uno lo sobreseyó y a 6 los procesó, el 31 de enero último, por un delito nimio: estrago culposo, que tiene una pena máxima de cinco años de prisión, cuando en realidad el homicidio con dolo eventual (como puede ser el caso de alguien que tiene un auto preparado para correr y atropella a una persona), prevé una pena de 8 a 25 años de prisión”.

La abogada apunta a las responsabilidades de los funcionarios involucrados porque “Macri fue quien se negó a aceptar el ingreso al dique seco del submarino por una cuestión de presupuesto, porque el fabricante ya había informado que no podía seguir navegando si no hacían esas reparaciones, que son muy importantes y no se pueden hacer a bordo”.

Además, fundó su acusación hacia los funcionarios públicos en el hecho de que el gobierno nacional había solicitado autorización al Congreso de la Nación para realizar ejercicios conjuntos con otros países, como Estados Unidos y Chile, lo que fue denegado en el ámbito legislativo, “aunque los diputados del PRO lo apoyaron en ese momento. Como no obtuvieron la autorización, la Armada decidió hacerlo por sí sola”.

En esa circunstancia, relató la abogada querellante, el submarino fue enviado a recorrer solo un área donde la profundidad es entre 1.000 y 3.000 metros, cuando la nave estaba limitada para descender a más de 100 metros, porque no estaba en condiciones de resistirlo.

Recordó que en 2017 ya había tenido un incidente similar, con ingreso de agua y un principio de incendio en las baterías, pero como estaba a poca profundidad, se posó sobre el lecho marítimo en 70 metros y pudieron repararlo para volver a emerger.

“Acá navegaban con el fondo más cercano a 900 metros, mientras el otro, si hubieran caído a un cañadón que hay en la zona, son más de 3.000 metros. Por eso digo que los mandaron a la muerte. El periscopio, que es la única forma de ver el exterior, estaba dañado y le hicieron una reparación casera, pero cuando esto ocurrió se les volvió a romper”.

Sin internet por falta de pago

Otra de las revelaciones que planteará la abogada en su fundamentación es que entre los días 13 y 15 de noviembre de 2017, “la empresa Claro les cortó el servicio a la Armada por falta de pago, es decir que no tenían la internet necesaria en la base para recibir los mensajes que les mandaban (los tripulantes). Esto nunca se dijo porque la prensa hegemónica tapó todo, pero es uno de los fundamentos de por qué Macri y Aguad también son culpables. Los tripulantes usaron el último medio disponible, sólo autorizado para usar en casos de emergencia, que es la telefonía satelital. Llamaron a las 23:48 horas y hablaron con el capitán Correa, que también está procesado, durante 11 minutos. Correa quiere hacernos creer que sólo le informaron que estaba todo controlado, que se iban a dormir y volvían a Mar del Plata”.

“No querían encontrarlo”

La abogada también sostiene que el gobierno no quería que el submarino fuera encontrado, lo que sustentó en la contratación de un empresario argentino radicado en España, experto en plataformas petroleras pero sin equipo de búsqueda, por lo que fue contratado para rastrear en un buque de la Armada y a quien se le iba a pagar aun cuando no tuviera resultados.

“Yo pedí la impugnación de esa empresa y logramos que lo dejen afuera de carrera, pero esto evidenció que no lo querían encontrar. Logramos que se procesara por esto a 4 capitanes del Ministerio de Defensa involucrados en la selección de esa empresa, además de la tercera secretaria de Estado de la Armada. Sin olvidaron que nos espiaron, a las mujeres y madres de los tripulantes”, concluyó la abogada, recordando también que un primer momento la Armada permitió que se buscara con videntes y parapsicólogos, algo que puede ser entendible en una situación de desesperación de familiares, pero no en una institución que debía bregar por la seguridad de sus hombres y mujeres.