Una denuncia que involucraba al ex presidente Mauricio Macri y el juez Carlos Rosenkrantz fue archivada este jueves por Ariel Lijo, en una causa que investigaba un supuesto plan para favorecer la continuidad en su cargo de Elena Highton de Nolasco luego de su jubilación.

El fiscal a cargo de la investigación fue Carlos Stornelli, quien consideró que no había existido delito alguno, un razonamiento que coincidió con el de Lijo luego de que el magistrado afirmara que de la prueba producida no surge ninguna conducta ilícita.

La denuncia, que involcuraba también al ex Ministro de Justicia Germán Garavano, había sido presentada el pasado 17 de junio por la Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales, quienes afirmaban que se había buscado prorrogar la designación de la jueza de la Corte Suprema mas allá de los 75 años, edad límite para la jubilación establecida por la Constitución.

En base a los denunciantes, Rosenkrantz "demoró el dictado de un fallo sobre este asunto en el caso del juez Leopoldo Schifrin", y fue en ese mismo plazo que la cartera judicial decidió no apelar un fallo que le había permitido a Highton seguir en su cargo. De esta manera, se entendió, el caso Schifrin cambió la jurisprudencia vigente hasta aquel entonces.

"La denuncia era una operación político-judicial”, afirmó Rosenkrantz al respecto.

“Considero que los argumentos brindados por la fiscalía son totalmente acertados en cuanto a que, del análisis de la prueba recibida, no surge elemento alguno que permita acreditar una conducta penal relevante en los hechos denunciados”, aseguró Ariel Lijo en su fallo.

Y sumó: “En conclusión, tal como fue sostenido por el Fiscal Federal, se llevó a cabo una investigación donde se dispusieron distintas medidas de pruebas, las cuales no arrojaron ninguna constancia concreta que permita acreditar los hechos denunciados. En esta línea, no se logró reunir elementos que demuestren de manera objetiva la utilización de información privilegiada ni la retención intencional del expediente en alguna dependencia".

"Ninguna de las medidas dispuestas arrojó elementos que acrediten algún hecho penalmente relevante en la tramitación de los expedientes”, indicó además previo a disponer que la causa se archivara porque “se han realizado una gran cantidad de medidas probatorias y de la prueba producida o surgen elementos concretos que acrediten alguna conducta ilícita” y “no resulta pertinente proseguir con esta investigación”.

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