COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El próximo jueves 29 de octubre se realizará en Comodoro Rivadavia la audiencia de apelación sobre el procesamiento de los jefes de la Armada imputados por el hundimiento del submarino ARA San Juan, convocado por la Cámara Federal de esta ciudad y en el marco de las actuaciones que buscan establecer las responsabilidades por la muerte de los 44 tripulantes del buque. Será con modalidad remota y también con algunos partícipes de modo presencial, para lo cual se aplicarán los protocolos vigentes para la prevención de Covid 19.

La audiencia estará  presidida por el Dr. Javier Leal de Ibarra, mientras que el cuerpo colegiado se integra junto a los Dres. Aldo E. Suarez y Hebe L. Corchuelo de Huberman.  En estas actuaciones, se deberá dilucidar sobre la nulidad de aquella medida judicial, algo que ha sido cuestionado tanto por las defensas de los imputados como por la parte querellante, que han cuestionado la medida dictada en primera instancia por la jueza federal Marta Yañez.

En el expediente judicial se investigan las causas y eventuales responsabilidades penales derivadas del hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el día 15 de noviembre del año 2017, que ocasionó la pérdida de la unidad submarina y costó la vida de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes, todos integrantes de la Armada Argentina. 

Según se informó a ADNSUR desde la Cámara Federal, la audiencia había sido diferida para esta oportunidad, como consecuencia de la emergencia sanitaria declarada frente a la pandemia por COVID-19 “y se realizará con un formato o modalidad mixta, es decir, algunos comparecientes asistirán de manera presencial y otros de manera remota –videoconferencia-.

Por la complejidad para su planificación, dado el actual contexto epidemiológico nacional, se debe destacar la valiosa colaboración que han prestado las autoridades del Poder Ejecutivo Provincial a través del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), quienes coordinarán las medidas sanitarias de resguardo, necesarias  para garantizar el aislamiento social de quienes provengan de otras jurisdicciones, exigiéndoles un test negativo PCR no mayor a 48 horas previas a su ingreso a la Provincia, además de la prohibición de circulación local o ‘burbuja sanitaria’, todo ello en los términos del decreto provincial 855/2020”.

“De la misma manera, es necesario resaltar el inestimable aporte de las autoridades municipales que facilitaron las instalaciones del Centro Cultural para la realización de la audiencia, permitiendo de esta forma, el respeto del distanciamiento social obligatorio de quienes comparecerán personalmente; como así también –aunque en número limitado - del público en general que quisiera presenciarla, conforme el carácter que la misma norma del código procesal (art 454 del CPCCN) le reconoce a dicho acto”, se expresó desde en un comunicado oficial de la Cámara Federal.

La audiencia corresponde al trámite en segunda instancia de los recursos de apelación que han instado tanto las Defensas particulares como el Sr. Defensor Público Oficial en representación de los imputados –todos oficiales de alto rango de la Armada Argentina – quienes han sido procesados por considerarlos autores penalmente responsables del delito de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público, Omisión de Deberes del Oficio y Estrago Culposo agravado por el resultado de muerte, en concurso ideal (arts. arts. 248, 249  y 189 segundo párrafo en función del 54 del Código Penal y arts. 306 y 310 del CPPN).

Los seis oficiales imputados

El mismo pronunciamiento de primera instancia, fue recurrido por los abogados querellantes en representación de los familiares de las víctimas, quienes han impugnado las calificaciones penales atribuídas y la desvinculación de los integrantes del Poder Ejecutivo Nacional a la época del naufragio y de los Jefes del Fuerza Armada respectiva.

El principal imputado es el ex Comandante de Adiestramiento y Alistamiento naval, contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, en su carácter de máximo responsable de las operaciones navales. El cuestionamiento es porque habría sido negligente a la hora de tomar todas las medidas para garantizar las condiciones de navegabilidad de la embarcación durante la misión encomendada.

Los demás oficiales procesados son el Capitán de Navío Claudio Villamide, ex comandante de la fuerza de submarinos; el Contraalmirante Luis Malchiodi, ex jefe de mantenimiento y arsenales; el Capitán de Navío Hector Alonso, ex jefe del estado mayor del comando de la Fuerza de Submarinos, el Capitán de Fragata Hugo Miguel Correa, ex jefe de departamento de operaciones de la Fuerza de Submarinos; y el Capitán de Corbeta Jorge Andrés Sulia, ex jefe del departamento logística de la fuerza submarina.

Disconformidad de familiares de víctimas y defensores de los imputados

La disconformidad con la decisión de Yañez se explica desde los extremos. Por un lado, para familiares del ARA San Juan el tipo de delito imputado no es suficientemente grave frente a la magnitud del daño producido, además de que se cuestiona la desvinculación de los funcionarios políticos que tenían a su cargo el control de la fuerza, es decir el presidente Mauricio Macri y su ministro de Defensa Oscar Aguad.

Para la defensa de los imputados, entre otras razones, se señala que si el capitán de la nave calificó a la misma en condiciones altas de navegabilidad, esto eximiría de responsabilidades a sus defendidos.