CAPITAL FEDERAL - La justicia ordenó un operativo en la sede del ex Finansur, que era del empresario K. Fue después de que la Embajada de los Estados Unidos informó que desde ese país enviaron puerta a puerta US$ 3.200.000.

El Tribunal Oral Federal 1 realiza un operativo en el exbanco Finansur, en busca de documentación sobre el origen y destino final de US$ 3,2 millones enviados entre el 11 y 12 de octubre de 2011 "puerta a puerta" desde la compañía "Brinks Global Servicies" de Nueva York a esa entidad. La Justicia sospecha que podrían ser parte de los US$ 9 millones que el detenido exsecretario de Obras Públicas K, José López, intentó esconder en un monasterio. Se trata de la entidad financiera que era del empresario K, Cristóbal López, y que se fue a la quiebra.

Los investigadores irán a buscar a la sede de Sarmiento al 900 documentación sobre esa transacción, como los datos sobre quién lo retiró y a nombre de quién estaba la cuenta. La medida se da un día después de se fijó que el exfuncionario irá a juicio oral el 11 de junio.

El banco deberá informar así el destino de los 3.2 millones de dólares estadounidenses, todos en notas de 100 dólares, cuyos números de serie comenzaban en 32752001 y terminaban en 32784000, que habrían sido enviados puerta a puerta desde Nueva York y que habrían terminado en manos del exsecretario de Obras Públicas. Esa plata podría haber sido parte de los 9 millones que López intentó esconder dentro de bolsos en el monasterio de General Rodríguez.

José López está procesado en una causa en la que se lo investiga por enriquecimiento ilícito. También está acusado por la supuesta compra de dos propiedades a través de testaferros. Además fueron enviados a juicio su esposa, María Amalia Diaz, cuatro empresarios que habrían actuado como testaferros y la hermana Celia Inés Aparicio por supuesto encubrimiento de lo que pasó en el monasterio el 14 de junio de 2016.

Esa madrugada, López fue sorprendido y detenido cuando intentaba esconder bolsos con casi 9 millones de dólares en efectivo y unos 150.000 euros que tenía ocultos en su casa de Dique Luján, en Tigre. Al exfuncionario lo atraparon porque un vecino llamó al 911 al ver movimientos extraños. En sus declaraciones, el colaborador de Julio De Vido dijo que los fondos eran "provenientes de la política".

El enriquecimiento ilícito tiene una pena de hasta seis años de cárcel y prevé el pago de una multa de hasta el 100% de lo obtenido ilícitamente además; de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Fuente: TN