COMODORO RIVADAVIA.- La investigación judicial que pone foco sobre las empresas de Cristóbal López tuvo ayer (por este viernes) un giro propio en esta ciudad: la Justicia Federal realizó un allanamiento en el Juzgado de Ejecución número 1, cuyo titular es el juez Gustavo Toquier, el mismo que mantuvo una fuerte disputa para tramitar el concurso preventivo de Oil Combustibles y que le valió un sumario del Consejo de la Magistratura de Chubut.

En este caso, el exhorto que llegó a Comodoro -la ciudad desde donde López expandió su actividad empresaria- tuvo vinculación con otra empresa del Grupo Indalo. Fuentes judiciales confirmaron que los allanamientos apuntaron a reunir información en torno de una deuda mantenida con el Estado nacional por la firma Alcalis de la Patagonia, radicada en San Antonio Oeste.

Las investigaciones vinculadas a empresarios ligados al kirchnerismo sigue impactando en Comodoro. A mitad de semana, un allanamiento realizado en la Dirección de Catastro del Municipio buscó documentación vinculada a un proyecto inmobiliario de Lázaro Báez. Tres días después, por razones diferentes, la Justicia Federal volvió a requerir documentación vinculada a una empresa de otro empresario ligado al firmamento K: Cristóbal López.

En este caso, Prefectura Naval Argentina se presentó en el Juzgado de Toquier ayer (viernes) por la mañana para requerir información en torno de una causa originada hace alrededor ocho años, según recordaron fuentes del mismo Juzgado.

Si bien en un primer momento se especuló con que se trataba del expediente relacionado al concurso preventivo de Oil Combustibles, que fue motivo de controversias, fuentes judiciales confirmaron que el pedido apuntó a otra de las firmas de Grupo Indalo.

Según trascendió en distintos ámbitos del tribunal, la información fue solicitada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 9, a cargo del doctor Luis Osvaldo Rodríguez, de Comodoro Py.

El oficio, que llegó a Comodoro Rivadavia a través de un exhorto remitido al juzgado de la doctora Eva Parcio, está vinculado a una deuda que mantenía la empresa Alcalis de la Patagonia.

Dicho reclamo había sido encauzado a través de un "acuerdo preventivo extrajudicial", como paso previo a un concurso de acreedores, por el cual la empresa terminó consignando acciones a favor del Estado, como pago de la deuda reclamada.

El acuerdo fue rechazado en una etapa posterior por la Procuración del Tesoro Nacional, tras apelar el fallo en primera instancia que había avalado la capitalización como parte de pago, el que fue luego confirmado por la Cámara de Apelaciones. "Lo que recuerdo de ese caso es que las dos sentencias eran una barbaridad, tanto en primera como en segunda instancia", dijo uno de los abogados que colaboró con la Procuración en ese proceso, que posteriormente llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "En concreto, era un robo para el Estado", agregó.

Por su parte, desde el despacho del juez indicaron que el expediente cumplió los pasos legales para comunicar el acuerdo a las partes, a través de los edictos correspondientes. No obstante, admitieron que en el Ministerio de Economía de la Nación no se dio por notificado, razón por la cual, entienden, se reactivó el reclamo legal.

El año pasado, el juez Toquier -quien tendría vínculos cercanos con Cristóbal López- estuvo a punto de enfrentar un tribunal de enjuiciamiento, a partir de las denuncias formuladas por la AFIP y la IGJ ante el Consejo de la Magistatura del Chubut.

Fuente: La Nación/Por Ana Tronfi

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