LAGO PUELO (ADNSUR) - El ataque al vehículo que trasladaba este sábado al Presidente Alberto Fernández y la comitiva oficial en su visita a Lago Puelo para anunciar la asistencia de la Nación a las localidades afectadas por los incendios, es motivo por estas horas de una investigación preliminar por parte del Ministerio Público Fiscal con asiento en la Comarca Andina. El fiscal que tiene a su cargo las primeras actuaciones es Carlos Díaz Mayer, quien dialogó con ADNSUR sobre las primeras acciones que se llevan adelante para identificar a los responsables y reconoció que aún se deberá evaluar una cuestión de competencia con la justicia federal.

Por el hecho, que ocurrió hace poco más de un día, aún no se produjeron detenciones, a pesar de que hay una importante cantidad de material fotográfico y de videos tomados a través de celulares que circulan en las redes sociales. Según el fiscal, todo ese registro está ya incorporado a la causa y está siendo analizado en estas horas por personal policial, que busca identificar los rostros de los participantes y también de corroborar las matrículas de algunos vehículos sospechosos.

“Estamos tratando de recabar la mayor cantidad de pruebas y elementos para, a través de filmaciones, fotos y entrevistas, poder identificar a las personas que participaron de la agresión al Presidente y la comitiva que lo acompañaba en Lago Puelo”, dijo Díaz Mayer en diálogo con esta agencia. Y señaló que “se encarga de eso personal de la Brigada de Investigaciones y de la policía que estaba en la zona participando de la vista del Presidente y en la investigación de los incendios”.

En concreto, hasta el momento el fiscal dijo que de modo oficial “tengo informes que fueron labrando distintos oficiales que participaron, como el comisario (Eduardo) Alonso (Director de la Policía Judicial), el informe de la brigada, y la conferencia de prensa que brindó el ministro (Federico) Massoni”.

Indicó Mayer que “los videos de las redes son parte de la investigación y forman parte del sumario, y a partir de las imágenes que son públicas en las redes, la policía trata de identificar los rostros y las matrículas de vehículos y creemos que podríamos lograr identificar a quienes estaban allí”.

Respecto a la configuración preliminar de los delitos perpetrados este sábado contra el Presidente y sus acompañantes, Mayer dijo que “la carátula es a los fines registrables, no determina nada, creemos que podría haber un delito de atentado contra la autoridad y un delito de daño por la rotura de los vidrios de la camioneta de Parques Nacionales, luego debería verse si hubo omisiones que debieron hacerse cumplido”.

LA COMPETENCIA

Un aspecto que se abrirá seguramente a partir de la investigación de hechos que involucran a la figura del Presidente de la Nación, es una discusión por la competencia entre la justicia local y la justicia federal, que podría reclamar la causa, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.

“Por ahora tenemos que avanzar en los instrumentos de prueba para poder determinar la existencia de un hecho o de un delito, la competencia la vamos a evaluar, eso quedará sujeto a lo que el Juez Penal de Esquel determine”, explicó Mayer al ser consultado sobre el tema por ADNSUR.

Reconoció el fiscal chubutense que “la cuestión de la seguridad del presidente de la Nación hace que evaluemos el tema de la competencia, si la justicia provincial puede seguir avanzado”. Si bien no lo dijo, se entiende que hay dudas respecto al alcance que podría tener un fiscal local en exigir información por ejemplo a las autoridades de Casa Militar, institución responsable del operativo de prevención y de cuidar a la figura presidencial.

Hay que recordar que un hecho similar ocurrió en 2016, con motivo del ataque a pedradas contra el presidente Mauricio Macri en Mar del Plata, donde se generó un serio conflicto judicial entre el juez federal Alfredo López y la fiscal Laura Mazzaferri y el jefe del Ministerio Público marplatense, Daniel Adler.

En agosto de aquel año, el entonces Presidente de la Nación, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, y el intendente de Mar del Plata Carlos Arroyo fueron víctimas de un "escrache" con piedras en el barrio "Belisario Roldán" de esa ciudad.

El juez federal López investigó y dio curso a la fiscal Mazzaferri para que la representante del Ministerio Público elevara la acusación. La supuesta demora derivó en un fuerte cruce, luego hecho público, entre el magistrado y el jefe de los fiscales del foro marplatense, Adler. Luego de aquel debate, todo derivó en una movilización en favor del juez federal, y después la causa se cerró sin procesados.