CAPITAL FEDERAL - Todavía en estado de shock por el fallo dictado el viernes por la Cámara Federal, la AFIP prepara la apelación. El organismo recaudador -querellante en la causa- intentará evitar el cambio en la calificación del delito, lo que le abriría una puerta al Grupo Indalo para ingresar a una moratoria en el organismo recaudador por su deuda multimillonaria.

"Vamos a apelar nuevamente a Casación porque bajo el pretexto de resolver un procesamiento; la Cámara Federal está volviendo a la cuestión de la competencia y eso ya fue dirimido", sostuvo Ricardo Gil Lavedra, abogado querellante en representación de la AFIP, en declaraciones a radio Mitre.

La causa que ahora investigará delitos tributarios (y no administración fraudulenta) de Cristóbal López , su socio Fabián de Sousa y el exjefe de la AFIP Ricardo Echegaray quedará mañana (por hoy lunes) en manos del juez federal Julián Ercolini, quien había pedido inicialmente la detención de los empresarios.

"Después de lo dicho por la Cámara, tenemos fe de que el juez envíe entre lunes y martes la causa al fuero Penal Económico", dijeron cerca de Ignacio Rosner, el hombre que habría reemplazado a López en el directorio del Grupo Indalo.

¿Qué implica el cambio de competencia? Un alivio para los empresarios porque eso abriría la puerta para que el juez Javier Cosentino -que instruye el concurso de acreedores en el fuero Comercial- admita la posibilidad de que el Grupo Indalo se presente a una moratoria para pagar la deuda de $10.000 millones a la AFIP con beneficios.

Pero según pudo reconstruir LA NACION, Ercolini seguiría al frente de la causa ya que la Cámara Federal, aunque cambió la calificación del delito, no ordenó enviar el expediente al fuero Penal Económico.

El juez Ercolini ya se había desprendido del expediente por cuestiones de competencia, pero la Cámara de Casación Penal (instancia superior incluso a la Cámara Federal) se expidió a favor de que sea Ercolini quien instruya el expediente.

Pero más allá de los vericuetos legales que deberá afrontar el imperio de Cristóbal López, el fallo firmado ayer por los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah todavía despierta suspicacias en el mundo político-judicial.

Elisa Carrió elevó la vara. Tras la liberación de López, la diputada autora de la denuncia inicial, dijo que hay "un pacto de impunidad" y lo vinculó indirectamente a la salida de Abad de la AFIP, quien se había opuesto a un acuerdo con el Grupo Indalo, y su reemplazo por Leandro Cuccioli.

Con matices, cerca de Alberto Abad están convencidos de que la decisión fue objeto de manipulaciones de operadores judiciales. Sostienen que la medida fue apurada antes de que Abad se retire de la AFIP (a fin de mes), para no perjudicar el ingreso de Leandro Cuccioli, que trabajó con Rosner -el sucesor de López- en el holding agropecuario El Tejar.

Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Germán Garavano, cuestionó el fallo: "Es una decisión sorpresiva y casos como este generan hacia la gente un mensaje equivocado en términos de niveles de impunidad".

Mientras el tema levantaba temperatura en los medios, Cristóbal López pasó las primeras horas en libertad junto a su familia en su departamento de Puerto Madero, confiaron fuentes cercanas. Hizo algunos llamados telefónicos el viernes apenas salió del penal de Ezeiza, pero recién retomará el lunes su actividad.

Su socio Fabián de Sousa también se recluyó en su casa de Zárate, provincia de Buenos Aires. Los empresarios no sólo deberán ocuparse de los coletazos judiciales. López se erigió el viernes como el dueño del Grupo Indalo, pero cerca de Rosner -según pudo saber LA NACION- no tienen ninguna duda: las empresas ya están en su poder y analizan acciones legales contra "el zar del juego".

Fuente: La Nación

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