COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Este miércoles pasadas las 14 horas comenzó la audiencia de los tres detenidos durante el allanamiento a la Secretaría de Seguridad. Allí, el fiscal Juan Carlos Caperochipi dijo que el ex secretario de Seguridad municipal, Antonio Zúñiga, y los otros dos funcionarios detenidos (Juvenal "Maga" Velázquez y Víctor Barrientos) "exigían el pago semanal de dinero para el funcionamiento de prostíbulos y departamentos vip”. Explicó que “el hecho que se investiga data de septiembre 2012”. A Zúñiga y a los otros empleados municipales se los acusa de proteger la misma red de prostíbulos por el que ya tiene una causa iniciada el ex jefe de la Unidad Regional de Trelew, Alejandro Pulley, aunque el accionar de los detenidos sería anterior a la actividad de Pulley, imputado por cohecho pasivo e incumplimiento de los deberes de funcionario público cuando fue jefe de la Comisaría Primera de Comodoro en el año 2014. La defensa de los tres detenidos la ejerce el abogado Guillermo Iglesias.

En la audiencia de control de detención realizada este miércoles, el fiscal Martín Cárcamo brindó detalles de las acusaciones y pruebas documentales como de testigos que permitieron que “se declare legal la detención de Zúñiga, Velázquez y Barrientos”.

El fiscal informó que “el Ministerio Público Fiscal va a solicitar se declare legal la detención de Zuñiga, Velázquez y Barrientos” y confirmó que “se autorizó a librar los correspondientes allanamientos y registros vehiculares”.

“Conforme surge de las actuaciones labradas por la policía de seguridad aeroportuaria, el 6 de diciembre se llevó a cabo el procedimiento en los cuales el oficial mayor Luis García integrante de la unidad regional de la Policía Aeroportuaria llevó a cabo el procedimiento”, detalló en alusión a los procedimientos realizados ayer martes.

"Se dispuso el allanamiento del inmueble de la dependencia de la Secretaria de Seguridad a fin de que se proceda al registro y secuestro”, explicó y puntualizó que del lugar los efectivos sustrajeron “celulares y elementos de informática”. Además “se procedió al secuestro de dos notas de posibles vips y notas varias en un armario”.

De acuerdo a la información recabada, los detenidos “exigían el pago semanal de dinero para funcionamiento prostíbulos y departamentos VIPs" y remarcó que "el hecho que se investiga data de septiembre 2012".

A su vez, en los procedimientos de este martes “se sustrajeron celulares y pertenencias personales como cintos, llaves y elementos de informática”, sumado a “un arma larga sin cargador la cual fue secuestrada y no precisa calibre”.

Al respecto, se detalló que Guillermina Ferreira “Almada junto a su pareja promovían el ejercicio de la prostitución, y albergaban a ciudadanos oriundos de Paraguay”, de modo que “el proxeneta contaban con protección municipal y policial. En la protección policial se encontraba Pulley, y la investigación arrojó que antes de contar con su protección, desde el VIP habrían pagado coimas a Zúñiga y Velázquez”.

“En la investigación la Secretaría de Seguridad comenzó con los controles a los denominados Vips y hasta la actualidad realizaron maniobras de ese tipo”, indicó.

A su vez, la acusación implica la realización de “espionajes ilegales” y “los objetos sustraídos se quedaban para sí o para quienes colaboraban en los allanamientos”.

Por otra parte, se recordó el allanamiento realizado a Guillermina Ferreira Almada donde “se le sustrajo 90 mil pesos, y luego la señora Ferreira solicitó permiso de venta ambulante. A partir de ese momento empezó a contar con protección de Pulley quien solicitó la devolución de los  elementos sustraídos”.

“Se hicieron denuncias reiteradas, información que siempre se le hizo llegar a Ferreira. En Francia 510 volvió a promoverse la prostitución y bajo protección de Pulley se dejó de pagar coimas. Y Pulley empezó con su coartada”.  

De acuerdo a lo manifestado por los testigos “la coartada fue usada para evadir controles. Luego se establecía que no se controlaba por una causa en el juzgado federal que no existía”, se denunció. Por lo que “se hizo caso omiso para que no se controlara”.

BANFI

La fiscal Camila Banfi detalló que “los inicios de la investigación comenzaron en el VIP de la calle Francia” 510, que aparentemente protegía el ex comisario Alejandro Pulley, y que también contaría con protección del secretario de Seguridad.

Desde el vip  “habrían pagado coimas a Zúñiga y Velázquez”, informó la fiscal y agregó que “personal policial fue fotografiado dentro” del lugar.

Mientras tanto, cuando asumió Zúñiga al frente de la Secretaría de Seguridad “se dejó de controlar el vip”.

La fiscal informó también que en el municipio “se registraron tres denuncias en el 0-800 municipal”.

Banfi indicó que “el Ministerio Público Fiscal solicita el plazo de prisión por tres meses” y agregó que hay “14 testigos sin nombres por resguardo entre los civiles, funcionarios y ex funcionarios”. Sin embargo, remarcó que “los testigos hacen referencia a contacto directo con los procedimientos” denunciados.

Desde el Ministerio Público Fiscal, se confirmó que “Barrientos era el único que tenía las llaves del depósito de los secuestros” y “los delitos que se investigan tienen una pena de cumplimiento efectivo”.

Por su parte, el fiscal Martín Cárcamo remarcó que existió “una operatoria sistemática de cobro semanal en los locales”.

EL ABOGADO DEFENSOR SOLICITA NOMBRE DE LOS TESTIGOS

Por su parte, el abogado defensor de los acusados, Guillermo Iglesias, cuestionó las acusaciones y sostuvo que “el funcionamiento corresponde al área de Habilitaciones” y se preguntó “por qué la Fiscalía no da los nombres de los testigos”.

"Queremos saber fechas, entrevistas, testigos y si (el ex secretario de Seguridad, Carlos) Marsó era testigo", agregó.