CHOLILA (ADNSUR) - El acusado se encontraba detenido en la Comisaría de Cholila con prisión preventiva desde principios de enero, luego de que su suegra denunciara que el hombre la golpeó, la ató y luego la sometió sexualmente. 

Al vencer el plazo de tres meses de prisión preventiva dispuesto en primera instancia, la fiscal Florencia Gómez solicitó la continuidad de la medida. En su intervención, la fiscalía aseguró que una de las medidas de pruebas solicitadas aún no tiene resolución debido a la disposición de medidas sanitarias excepcionales por la pandemia de coronavirus. Se trata de las muestras de ADN tomadas tras la intervención del equipo médico del Hospital Santa Teresita de Rawson, en el marco del protocolo de intervención de casos de abuso sexual. La fiscal indicó que se trata de una prueba “de vital importancia” para corroborar la responsabilidad del imputado en el hecho.

A su turno, el defensor público oficial Miguel Ángel Moyano rechazó el pedido de la fiscalía por considerar que no habían aportado elementos nuevos a la acusación y que, por otra parte, la demora de la prueba genética por efecto de la cuarentena no podía ser puesto como una carga sobre su defendido. Moyano pidió la libertad del detenido y como medida subsidiaria planteó el arresto domiciliario. En su fundamentación esgrimió que en las últimas horas recibió la historia clínica del imputado, al cual se le habría diagnosticado diabetes y enfisema pulmonar.

Aún cuando la fiscalía dijo no tener conocimiento de dicho informe, asintió que por tratarse de situaciones de salud que pondrían al imputado dentro del grupo de riesgo el mismo continuara ligado al proceso en prisión domiciliaria. Para el cumplimiento de dicha medida, el defensor ofreció la casa de una hermana del detenido en Esquel y el juez Piñeda resolvió morigerar la medida inicial, de manera que el acusado permanecerá tres meses con arresto domiciliario.