RAWSON (ADNSUR) - Los ex vocales por el gobierno en el directorio del ISSyS durante 2016 y 2017, Ignacio Hernández y Leandro González, podrían ser imputados en breve si la fiscalía comprueba que incurrieron en las mismas acciones que se le endilgan a Cristian Eguillor, quien debe afrontar un juicio oral por haber firmado resoluciones otorgando un aumento en la prestación que hacía a la obra social una empresa de diagnóstico por imágenes de la que era contador y además amigo de sus propietarios.
Por esa acción, la fiscalía lo acusó de cometer presuntas negociaciones incompatibles y de haber trasgredido la ley de Ética Pública, al entender que pudo haber favorecido con su accionar a una firma en la que tenía intereses creados. Precisamente en la audiencia preliminar, el defensor de Eguillor, Federico Ruffa, dijo -entre otros argumentos- que esto era una práctica habitual en la obra social, y que el de su defendido no era el único caso de un miembro del directorio que otorgaba un incremento que lo alcanzaba de manera indirecta.
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El abogado mencionó los casos del ex presidente Alberto Schulman, quien es dueño de un laboratorio, del ex vocal Ignacio Hernández, quién es socio de un centro de cardiología, y de otro de los vocales, Leandro González, quién es médico ginecólogo. Dijo que todos eran prestadores de la obra social Seros al momento de firmar resoluciones que otorgaban incrementos en las prestaciones. Por esa razón, indicó que investigar sólo a Eguillor por este delito denotaba casi una persecución personal.
Según pudo saber ADNSUR de fuentes judiciales, ante estas expresiones, el fiscal Omar Rodríguez habría decidido iniciar una investigación preliminar para corroborar estos dichos, y habría anticipado que de ser comprobados, a estos ex funcionarios les cabría la misma acusación del Ministerio Público Fiscal, que es la de presuntas negociaciones incompatibles con la función pública.
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Según trascendió, en principio la figura de Schulman podría quedar afuera de la investigación por haber prescripto los plazos, dado que dejó el cargo hace 10 años. Pero distinta podría ser la suerte de Hernández y de González, quienes integraron el directorio durante 2016 en el primer caso y 2017 en el segundo, por lo que serian sujetos de investigación, aunque no los únicos, ya que la fiscalía cotejará todo lo firmado por el ISSyS en los últimos años.
