La jueza Mariel Suárez está suspendida por decisión del Tribunal de Enjuiciamiento mientras el Consejo de la Magistratura resuelve el sumario para determinar si debe abrirse un juicio de destitución en su contra. Enfrenta serios cuestionamientos por su relación con el preso Bustos, condenado por el homicidio del policía Tito Roberts y también por el de un bebé de pocos meses de vida, que era hijo de su pareja y que él reconocía también como propio.

Suárez fue una de las juezas que integró el tribunal en el que fue juzgado y condenado Bustos por el homicidio del policía. Mientras dos juezas le dieron prisión perpetua como condena, ella se inclinó por una pena de 8 años, por considerar que “la prisión perpetua equivale a una condena a muerte”, según argumentó en su sentencia.

Las investigaciones abiertas a partir de la jueza a Bustos

Como consecuencia de aquella visita al penal en el que un video la muestra sentada en el piso y un acercamiento impropio de las funciones a su cargo, en el que la magistrada habría dado un beso al preso, según la acusación, se abrieron investigaciones en distintos ámbitos. Aunque la magistrada negó una relación sentimental con el preso y aseguró que la visita se vinculaba a su interés por escribir un libro con la historia del condenado, la denuncias plantearon distintas irregularidades que ahora son objeto de investigación, tanto en el ámbito de la Magistratura, para determinar si hay causal de mal desempeño o desconocimiento del derecho, como en la sede penal.

En la audiencia de apertura para la investigación penal, la Fiscalía estuvo representada por la fiscal jefe de Esquel, María Bottini, quien se desempeñó por vía remota, además de la funcionaria de Fiscalía Cecilia Bagnato. La defensa de la jueza fue ejercida por la defensora pública Lucía Pettinari, quien planteó la vía de excepción por falta de acción, por entender que el delito atribuido no llegó a configurarse, ya que si bien la función que debía cumplir Suárez el 30 de diciembre, se realizó al día siguiente, dentro de las 48 horas que exige el plazo legal.

En ese caso, debía presidir una audiencia de control de detención de un sujeto detenido por la policía, lo que finalmente se realizó al día siguiente. 
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