Como ya informó ADNSUR, la causa en la que fue imputado el médico forense J.O.J. por tener en su poder videos de sexo explícito en el que participaban menores de 13 años, espera la definición ante el pedido de un juicio abreviado acordado entre la fiscalía y la defensa. En el lapso en que se descubrió el alerta y sus empleadores lo suspendieron, pasaron cinco meses en los que siguió trabajando, realizando incluso pericias en cuerpos de menores víctimas de abuso sexual.

Hace diez días, el fiscal de la causa, Fernando Rivarola dialogó con el programa "Activemos", de FM Del Viento, donde explicó que "es un caso en plena etapa de apertura de investigación, que ya se verificó y hay una serie de pedidos que todavía no han sido resueltos por la jueza de la carpeta".

Y agregó: "Básicamente es un hecho de tenencia simple de material de Abuso Sexual Infantil. Una figura que ha sido incorporada al Código recién en el año 2018 y que ha generado en el mundo muchas discusiones. De hecho, nuestra norma original del Artículo 128 no preveía la tenencia simple como figura punible".

"En este caso estaríamos hablando, en principio, de una tenencia simple que tiene una pena máxima de un año de prisión", mencionó el fiscal respecto al médico forense que pretendía se acepte su renuncia, algo que fue rechazado por el STJ, que le abrió un sumario.

Sostuvo Rivarola que "las grandes empresas prestatarias de servicios de internet deben informar a esta ONG todo incidente que se produzca con material ya clasificado de ASI. Es decir, todo acto de compartir genera un reporte, ese reporte tiene un primer tratamiento en Buenos Aires, donde se certifican los datos informáticos duros: la ubicación de la IP por donde se conectó, se hacen las primeras averiguaciones y, establecido que el incidente se produjo en una provincia, el punto de contacto local es la Fiscalía especializada y nos llega el reporte a nosotros".

Con respecto al trabajo realizado por el MPF, indicó el fiscal que "Fiscalía continuó con la investigación, acreditando esos parámetros preestablecidos desde el Centro de Información Judicial de Buenos Aires, y se realizaron los procedimientos locales. Se realizó un allanamiento con resultados positivos, en donde se confirma la existencia del material y se realiza la imputación".

"En la investigación confirmamos que esta persona tenía en posesión material: se trata de menores con edades inferiores a los trece años que desconocemos su identidad. Es material que se denomina "viral", que ya está circulando en internet desde hace tiempo, y que ha generado numerosísimos reportes en todo el mundo", resaltó.

Por último, consultado sobre la incidencia que la persona imputada tiene por su profesión, el fiscal subrayó: "Hay una agravante genérica; se agravan un tercio el mínimo y máximo de la pena. En este caso nos daría una pena máxima de un año y cuatro meses de prisión. Las calidades personales tienen influencia para graduar la pena; no hemos podido establecer otro tipo de conducta y por eso la imputación es tenencia simple de este material".

Como se recordará, esta investigación que llevó a la imputación del médico forense se inició luego de un reporte que recibió la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Ciberdelito de Chubut, por parte de una ONG de Estados Unidos, de la cual es referente oficial esta Unidad que depende del Ministerio Público Fiscal de la Justicia del Chubut.

Se trata de la National Center for Missing and Exploited Children (Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados), una organización privada sin fines de lucro establecida por el Congreso de los Estados Unidos y que actúa bajo los preceptos de una ley federal de ese país que obliga a las empresas proveedoras del servicio de Internet, a denunciar la tenencia de este tipo de contenidos y material de abuso sexual infantil.

¿Querés mantenerte informado?
¡Suscribite a nuestros Newsletters!