¿Por qué denunciar falsamente puede costar caro?: La postura de la fiscalía tras los últimos casos en Comodoro
Ante el incremento de denuncias infundadas por secuestros, robos y usurpaciones, la Fiscalía tomará contundentes medidas para disuadir estas conductas. "Es un costo que debe ser soportado por el Estado, que sale del bolsillo de los contribuyentes", afirmó Cristian Olazábal, jefe de fiscales de Comodoro Rivadavia.
El jefe de fiscales de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal, se refirió este martes en el programa “Buen Día Comodoro” de Seta TV a la política del Ministerio Público Fiscal respecto a la persecución penal de las personas que realizan denuncias falsas.
Olazábal explicó que en la ciudad se detectaron numerosos casos de denuncias infundadas, particularmente vinculadas a robos de neumáticos y usurpaciones de inmuebles que en realidad eran conflictos contractuales entre las partes involucradas.
El fiscal detalló que, en muchos casos, las denuncias se presentan como hechos delictivos —como ingreso violento a propiedades— cuando en realidad existía un contrato de locación o un permiso para habitar el inmueble, y las diferencias entre las partes no se resolvieron conforme a lo acordado.
“Cualquier tipo de falsa denuncia que constatemos, cada vez que verificamos en el marco de las actuaciones policiales que los hechos denunciados oportunamente son inexistentes, analizamos y estamos en presencia de lo que prevé y sanciona el artículo 245 del Código Penal, que es el delito de falsa denuncia”, afirmó Olazábal.
El fiscal subrayó que activar el sistema de justicia con información falsa genera costos para el Estado y los contribuyentes, ya que implica movilizar recursos policiales y judiciales que podrían destinarse a casos reales. Por ello, la política criminal de la fiscalía es avanzar en las imputaciones contra quienes incurren en este tipo de conductas para disuadirlas.
“En Comodoro Rivadavia hemos constatado que varias veces se han denunciado hechos que no ocurrieron, particularmente relacionados con la sustracción de cubiertas o usurpaciones que no fueron tales, sino que previo a ello había un contrato de locación o quizás un permiso para habitar, y ante diferencias que mantenían las personas que no podían ser resueltas en los términos acordados, se denunciaba que se había ingresado al inmueble valiéndose de medios violentos clandestinos", comentó.
En continuidad, afirmó que "cuando se constata y verifica que esto no fue así, disponemos la apertura de la investigación en orden al delito de falsa denuncia. Hemos procesado a varias personas. En algunos casos han reparado el perjuicio que se le ha ocasionado a la administración pública provincial porque activar el sistema de justicia y también el sistema policial genera un costo, un costo que debe ser soportado por el Estado que sale del bolsillo de los contribuyentes. Por lo tanto, cualquier tipo de falsa denuncia que constatemos es política criminal, al menos de esta fiscalía, avanzar en las imputaciones para evitar o disuadir este tipo de comportamientos”.
LAS DOS PRESUNTAS DENUNCIAS FALSAS QUE ALARMARON A COMODORO
En otro orden, en las últimas semanas se difundieron en Comodoro Rivadavia denuncias de presuntos secuestros que generaron preocupación en la comunidad. El ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, desmintió estas versiones el lunes, afirmando que no existen pruebas que respalden tales denuncias.
Iturrioz enfatizó que, aunque todas las denuncias se toman en serio, es imprescindible contar con evidencia concreta para avanzar en las investigaciones y evitar generar alarma pública sin fundamentos sólidos.
Las denuncias se originaron principalmente en redes sociales, con relatos sobre un intento de secuestro de un bebé en el Hospital Regional y de una joven que habría sido obligado a subir a una camioneta para luego ser liberado minutos después. Sin embargo, la formalización de las denuncias ante la policía se produjo con demoras, lo que llamó la atención de las autoridades.
Sobre el caso del presunto secuestro del bebé en el hospital, la policía revisó las cámaras de seguridad y corroboró con las historias clínicas que la denunciante fue atendida normalmente y salió sin incidentes. Se identificó una camioneta sospechosa que resultó ser de personal médico ingresando a su turno, y no se halló motivo para investigar a las personas que bajaron de ella. No existe evidencia que confirme que el hecho denunciado haya ocurrido.
En cuanto al presunto secuestro del joven de 17 años en el barrio 9 de Julio, la investigación constató que el menor no presentaba heridas ni indicios de violencia durante el tiempo que dijo haber estado cautivo. La persona que reside en la vivienda donde supuestamente estuvo el joven negó que este haya estado allí en la fecha indicada.
Las cámaras de seguridad del supermercado y de la zona no registraron su presencia en los lugares mencionados, y no hay testigos que hayan visto el momento en que fue dejado en la vecinal, solo se constató que llegó allí. Por ello, no se pudo corroborar la veracidad de la denuncia.
